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La alianza, encabezada por el PLRA y secundada por Frente Guasu, plantea –vía ley de la nación– redestinar los fondos de las binacionales para subsidiar la tarifa de la energía eléctrica a toda la población. En la presentación del proyecto de ley, el presidente del PLRA, Efraín Alegre, afirmó que Itaipú podría aportar alrededor de US$ 150.000.000 y Yacyretá US$ 50.000.000.
Al respecto, el titular del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE- Paraguay), Ing. Juan José Encina, manifestó que el proyecto de ley obliga a la ANDE a comprar medidores que no tiene y a plantear tarifas horarias que agregarían más problemas que soluciones.
Añadió que los fondos de las entidades binacionales deben ser utilizados para la construcción de obras de infraestructura y no para subsidios. “De nada sirve una tarifa barata si no hay energía debido a los cortes”, alertó.
Reiteró el técnico que el Pliego de Tarifas N° 21 de la ANDE está “mal concebido”, y que debe ser cambiado, pero no sin tener una política energética o una visión de largo plazo. “La tarifa puede bajar, pero no por la aplicación de subsidios, sino por la optimización de la gestión (menos pérdidas, menos morosidad, facturación correcta, contratación adecuada de las binacionales”, explicó.
En ese sentido, sugirió que “seria bueno” revisar la efectividad y transparencia de los fondos del Fonacide.
“Claramente, este proyecto tiende a eliminar los destinos actuales de la responsabilidad social y ambiental, pero ellos también están comprometidos a objetivos de desarrollo sustentables”, dijo. Mencionó que, por otro lado, este proyecto no plantea una alternativa para el sector industrial, que fue objeto de aumentos de más de 65%, pero emplean a más de 350.000 trabajadores paraguayos.
Facturación
En otro momento afirmó que la ANDE factura al año cerca de US$ 700.000.000, pero Paraguay recibió solo de Itaipú, en el 2017, US$ 660.000.000, y de Yacyretá debiera recibir US$ 89.000.000 en forma anual. “Es decir, existen suficientes ingresos como para que la tarifa sea más baja que la planteada por el proyecto, solo que seria cambiando el destino actual de los royalties y la cesión de energía, que no son transparentes ni justificados”, aseveró.
El Ing. Encina afirmó que este tipo de propuestas debe evaluarse con visión de largo plazo para no caer en un “falso populismo, que al final será de corto plazo, pero con consecuencias permanentes. Debemos acostumbrarnos a planificar primero y actuar después”.
En ese sentido, señaló que hace falta una política energética “creíble y transparente, sin sesgos políticos ni de intereses fácticos”.
Por otro lado, comentó que este proyecto propone subsidiar a más de 1.000.000 de clientes de ANDE. Expresó que, según datos de la Memoria 2017 de la ANDE, la tarifa social, fundada en la Ley 3480/08, incluyó a 273.023 consumidores y que el monto total del subsidio que se aplica hasta 300 kWh fue de US$ 11.000.000 por año.
Añadió que el consumo promedio de ANDE en el 2017 fue de 691 kWh mensual por consumidor, y 135 kWh mensual por habitante.