El decreto 7851/2017 dispone que aquellos contribuyentes que realicen compras y/o ventas de bienes o servicios en efectivo deberán reportar sus transacciones a la Administración Tributaria a partir de G. 50.000.000 o su equivalente en moneda extranjera.
De acuerdo con lo establecido por la norma, las transacciones deberán informarse, ya sea que estas alcancen de forma individual la cifra señalada o que se acumule dentro de un mismo mes. La obligación de presentar los informes recaerá tanto para el comprador como para el vendedor, incluso por aquellas transacciones que se realicen mediante pagos parciales menores a dicho monto.
La nueva disposición tributaria alcanzará a contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal (IRP), Impuesto a la Renta Comercial, Industrial y de Servicios (Iracis), Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC), Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias (Iragro), según el decreto respectivo.
La nueva disposición tributaria desató otra polémica entre los profesionales contables, que criticaron duramente la medida en los foros profesionales.
De acuerdo con el decreto del Ejecutivo, se entenderá como pago efectivo las realizadas en papel moneda o metálica, nacional o extranjera, los cheques al portador emitidos en cualquier moneda, o cuando siendo nominativos no lleven la cláusula “no negociable”, “intransferible” o “no a la orden” u otros equivalentes.
El incumplimiento de estas disposiciones conllevarán a la aplicación de multas por contravención (que será dispuesta por la SET mediante resolución) y la misma será aplicada a cada información omitida, sin perjuicio de informar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). La medida entrará en vigencia ni bien la SET emita la resolución.
No corresponde
Para la Lic. Alba Talavera, del Consejo Profesional del Colegio de Contadores del Paraguay, la nueva disposición se constituye en un nuevo abuso de poder por parte de la Administración Tributaria, incluso atribuyéndose roles que corresponden a otras instituciones del Estado, en este caso a la Seprelad. “Pareciera un nuevo mecanismo para cobrar multas”, señaló.
Agregó que los contadores ya están obligados por normativas preventivas de lavado de dinero a informar a la Seprelad. Además se constituye en un doble deber para el contribuyente para informar sobre un mismo hecho, ya que en los libros de compras y sistema Hechauka de la SET se informa sobre la modalidad de las transacciones.