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El anuncio lo hizo ayer Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), luego de la reunión que, junto con otros directivos del referido gremio, mantuvo con las principales autoridades de Salud Pública, del Ministerio de Hacienda, de Auditoría del Poder Ejecutivo y del Banco Nacional de Fomento (BNF).
“El ministro de Salud acaba de informarnos que han resuelto, ya comunicaron por nota oficialmente a Hacienda, que de los recursos que van a recibir, US$ 100 millones se destinarán a pagar la deuda vencida”, indicó el empresario tras salir de la reunión llevada a cabo en la sede de la cartera fiscal.
De la reunión participaron el ministro de Salud, Carlos Morínigo; el viceministro y ministro sustituto de Hacienda, Óscar Llamosas; el presidente del BNF, Carlos Pereira, y la auditora del Poder Ejecutivo, Bertha Rodríguez, entre otros directores de las referidas instituciones.
En principio, cuando se iniciaron las negociaciones, el compromiso asumido por Salud y Hacienda era pagar hasta US$ 70 millones, de los US$ 153 millones adeudados, y la diferencia debía ser reprogramada para el ejercicio 2019.
Salud, sin embargo, a días de las elecciones generales comunicó que realizó una reingeniería de los recursos que recibirá en lo que resta del año y le sumó otros US$ 30 millones para cubrir la deuda con unas 152 empresas del sector.
García dijo que ya está todo acordado y que una vez que Auditoría del Poder Ejecutivo certifique las deudas, se empezaría a abonar desde la próxima semana en forma proporcional a cada firma.
Explicó, además, que se abre la posibilidad de que la operación de cesión de crédito que se tiene previsto con el BNF también se pueda realizar con los bancos privados, decisión que dependerá ya de cada empresa afectada elegir con quién operar. Para el titular de Cifarma, la mayoría de las empresas recurrirían a esta operación porque necesitan liquidez.
La posibilidad de que bancos privados también realicen esta operación surge luego de las críticas que se efectúan contra el BNF y las dudas sobre la legalidad de la cesión de créditos.
Además, existe el temor de que finalmente la banca estatal termine quedándose con la deuda de Salud Pública, como ocurrió en años anteriores en el caso de los transportistas.
El viceministro de Hacienda, por su parte, dejó en claro que todas las deudas deberán estar certificadas por Auditoría para que se puedan pagar.