Al freezer por denunciar irregularidades en APP

El único funcionario de la Dinac que denunció públicamente las irregularidades en la licitación para la APP del aeropuerto, el arquitecto Carlos Achucarro, fue removido esta semana del cargo sin que le dieran una justificación. Lo envían a Dinac, el “freezer” de la institución, según dijo.

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El arquitecto Carlos Achucarro, especialista en Infraestructura Aeroportuaria, y el único técnico de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) que se opuso abiertamente a la entrega del aeropuerto al sector privado en dudosas condiciones, denunció que en poco tiempo es la segunda vez que está siendo trasladado sin justificación. De estar cumpliendo funciones en la Dirección de Aeropuertos lo enviaron ahora en carácter de “asesor” al Instituto Nacional de Aviación Civil (Dinac), “el freezer oficial de los cuestionadores de la política del gobierno”, según dijo.

Ayer intentamos hablar con el titular de Dinac, Luis Aguirre, para consultarle sobre los motivos del traslado de Achucarro y si tiene que ver con su oposición manifiesta al plan de implementación de un esquema de alianza público-privada (APP) en el aeropuerto. No nos atendió el teléfono.

Las denuncias

Uno de los hechos denunciados en su momento por Achucarro fue la abrupta interrupción del plan de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, que estaba siendo financiado con recursos generados por el propio aeropuerto. Inmediatamente después el gobierno anunció el lanzamiento de la licitación para la modernización del aeropuerto, que implicaba la entrega de la principal terminal aérea al sector privado por 30 años.

Una vez que estuvo en marcha la licitación, una auditoría hecha por la Contraloría detectó que hubo serios errores en el proceso y terminó recomendando su cancelación.

Como si eso fuera poco aparecieron documentos que evidenciaban que funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habían firmado dictámenes a “medida” para favorecer al único consorcio que quedó en carrera: el liderado por la empresa española Sacyr.

Los dictámenes a medida buscaban mantenerle en competencia, pese a sus múltiples antecedentes de incumplimiento en todo el mundo.

El pliego de esta licitación y también la Ley de APP establecen la imposibilidad de dejar de competir a empresas con trámites judiciales por incumplimiento.

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