/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/6ROJZQXLF5BRHMS3WWZLETXDNA.jpg)
Cargando...
En términos simples para las transacciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2016, rige la ley y el decreto reglamentario anterior, así se va a liquidar y así se va a auditar, con “reglas de juego anterior”, detalló ayer el Ing. Eduardo Felippo, de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), tras la última de la serie de reuniones que mantuvieron con altas partes del Poder Ejecutivo entre el miércoles y jueves últimos.
El acuerdo fue sellado en un último encuentro en Hacienda, del cual participaron representantes de gremios empresariales asociados a la Feprinco, y al que una vez más no fueron invitados los gremios de contadores.
La retroactividad fue uno de los puntos más cuestionados sobre los cambios introducidos repentinamente a fines del año pasado. El sector había advertido que de no darse un acuerdo, iban a presentar acciones de inconstitucionalidad ante la justicia o impulsar un proyecto de ley para modificar la actual.
Por otra parte, en lo que se refiere a la deducibilidad, es un tema que no pudo ser acordado como querían los empresarios, es decir que regirán los cambios propuestos y solo se modificará la vigencia. Al respecto, Felippo añadió que la ley es muy clara al respecto, “sobre los aspectos que son deducibles y que ya no habrá más discusiones más que aplicar lo que dice la Ley”, aseveró.
Contadores siguen en pie de guerra
Mientras tanto, los gremios de contadores se mantienen en la posición de presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo no tiene interés en derogarlo, sino simplemente modificar la vigencia. “Partimos de la base de que no se puede modificar con un decreto lo que establece la ley”, señaló al respecto Alba Talavera, titular del Consejo Profesional del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP).
Talavera lamentó que una vez más los profesionales contables no fueron tenidos en cuenta para la reunión donde se acordaron algunos puntos relacionados al IRP. Cuestionó además que se trata de un acuerdo parcial, ya que no cambia la situación de fondo, como la deducibilidad de las inversiones, el apostillado y pagos con tarjetas para compras en el exterior y otros puntos.
Según el anuncio, unos 2.000 profesionales estarían iniciando las acciones judiciales con el apoyo de los gremios, y no se descarta que a esto se sumen también contribuyentes del IRP afectados por la medida. También tienen previsto presentar mañana una nota al Senado.
Por otra parte, la abogada tributarista Nora Ruoti también criticó el acuerdo con los empresarios. “Es una burla más al contribuyente y a la vigencia del Estado de Derecho. Lamentamos la aceptación de la violación a la Ley y más aún que ello parezca norma”, detalló la tributarista.