La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de seguir jugando a las escondidas con la opinión pública paraguaya acerca de los términos del “acta de acuerdo” que arregló con el Gobierno argentino justifica la consideración de los trascendidos y hasta rumores que circulan sobre su contenido.
El canciller Eladio Loizaga reiteró el sábado último la promesa del Ejecutivo de “socializar” el documento “en los próximos días”, porque el equipo de negociadores lo sigue trabajando.
Esta versión contradice a otras que fueron propaladas desde otras instancias del Gobierno; por ejemplo, que las tratativas habían concluido. El “acta...” hasta tenía fecha de firma: el 7 de abril, la que fue pospuesta a raíz del conflicto político-social que estalló en nuestro país en los últimos días de marzo.
En la conversación con nuestro diario, Loizaga informó que esa reunión de presidentes para la formalización del “acta...” fue agendada para la primera semana de mayo próximo.
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“La firma está supeditada a un acuerdo de fechas en las agendas de los dos presidentes”, explicaba, dando a entender que las otras exigencias para la cumbre, como la formalización del nuevo documento sobre Yacyretá, fueron atendidas.
Con la intención de tranquilizar –a la prensa y a los especialistas del sector energía de nuestro país–, reiteró que el arreglo será beneficioso. “Va a ser conforme a los intereses nacionales... Se han cuidado todos los factores necesarios para sacar algo que sea conveniente para el Paraguay y solucionar un problema que ya lleva demasiado tiempo”, agregó.
Según los últimos trascendidos, la deuda por territorio inundado que acumuló la EBY entre 1994 y 2015 asciende a US$ 1.175.724.102, de los cuales US$ 940.579.882 corresponden a nuestro país, porque el territorio que inunda su embalse es 80% paraguayo, y US$ 235.144.820 a la Argentina, porque el restante 20% de la superficie afectada es argentina.
“... Lo realmente importante es la publicación que afirma que será pagada en 10 cuotas anuales de US$ 70 millones. Eso significa que los US$ 70 millones serán embutidos en la nueva tarifa de Yacyretá, y la pagaremos todos los paraguayos, pese a que esa deuda es responsabilidad argentina en un 9%”, insistió el profesional.
“A ese monto, que corresponde a la deuda vieja... hay que sumarle lo que se registrará en el año vigente. Con esto los argentinos consiguen alzar artificialmente la tarifa, evitando, de esta manera, que nuestro país use su parte, además de obligarle a pagar una deuda que no es de él”, agregó Valdés.
Así, los beneficios del Paraguay por territorio inundado, atrasados, los pagaremos los paraguayos y un porcentaje indebido”, dijo.
80/20, una relación ficticia
El último trascendido en este juego perverso confirma que los gobiernos de nuestro país y de la Argentina aceptan que el embalse de Yacyretá inunda un territorio 80% paraguayo y 20% argentino, sin que se realice “la obligatoria y previa verificación final conjunta de representantes técnicos de las Altas Partes”, apuntaba a su turno el ingeniero Gustavo Segovia, exasesor del Consejo de Administración de la EBY.
“Lo que es peor, no se consideró la sobreelevación del embalse, mantenida desde febrero de 2011 sobre el nivel indicado en el Tratado (cota 83,00 m), variando entre 0,50 m y 1,00 m, que causa mayor inundación en Paraguay, con los consecuentes daños a las obras y medio ambiente”, añadía.