Alertan sobre perjuicios del proyecto metrobús

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Comerciantes frentistas de Fernando de la Mora, afectados por el proyecto del metrobús, alertaron ayer sobre los “incalculables perjuicios” que les va a causar el emprendimiento, cuyo contrato de obras ya fue firmado por el Gobierno.

El secretario de la Comisión de Frentistas de dicha ciudad, Ariel Villalba, manifestó que el Gobierno ha prometido terminar un kilómetro de esta “megaobra” en solo cuatro meses, pero que no existe un estudio que garantice que eso vaya a ocurrir. “Tampoco existe un solo estudio técnico sobre todo lo que se va a remover en la zona, como caños de fibra óptica, de desagüe fluvial y cloacal, ni siquiera hay un cronograma de obras. Entonces, esa es una falsa promesa”, aseveró Villalba.

Por su lado, Édgar Gill, presidente de la comisión, que ha contabilizado un total de 405 comercios que serán afectados, entre la UNA y calle última, afirmó que cualquier alcantarillado que se suele hacer significa un problema para la movilidad de la gente y del comercio. “Entonces, cómo van a salir a decir que semejante obra no va a acarrear dificultades y que no va a afectarnos”, expresó.

Al retomar la palabra, Ariel Villalba se preguntó cómo el MOPC puede asegurar que los comerciantes no van a ser afectados. “Existe acaso una garantía de que si no terminan en cuatro meses alguien va a responder por los perjuicios (económicos). En ese mismo contexto, la empresa que ganó la licitación es una firma europea (la portuguesa Mota-Engil Engenharia), en teoría, de primera línea, que iba a traer tecnología de afuera para hacer la obra, pero luego subcontrató a una empresa paraguaya (Ocho A) que va a operar con su misma tecnología, posiblemente obsoleta”, aseveró.

Villalba se preguntó qué va a pasar si la empresa subcontratada no cumple con los plazos de entrega, a quién deberían demandar los perjudicados. “La Mota-Engil no tiene arraigo en Paraguay, qué cosas podríamos sacarle, y qué pasa si termina en 12 meses”, afirmó.

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A su turno, el abogado Guillermo González dijo que el Estado no puede simplemente salir a imponer y hacer lo que le parece, sino que tiene que comunicar responsablemente y presentar un estudio.

Añadió que las autoridades jamás llamaron a una audiencia pública, sino invitaban a “charlas informativas”, que es otra cosa. Adelantó que “harán todo lo que está a su alcance” para defender sus derechos.