El presupuesto aprobado por el Congreso, que entró a regir en enero, sumaba G. 73,566 billones (U$ 12.683 millones), pero al terminar junio el monto trepó a G. 74,532 billones (US$ 12.850 millones), lo que implica un aumento de 966.000 millones (US$ 166,5 millones al cambio vigente).
Además, el incremento realizado siguen en estudio un paquete de ampliaciones generados a partir de iniciativas de los parlamentarios, pedidos del Poder Judicial y del propio Hacienda.
El paquete de ampliaciones, por iniciativa parlamentaria y pedido de la justicia, asciende a más de G. 235.000 millones (US$ 40,7 millones), que en su mayor parte corresponde a aumentos salariales, pago de bonificaciones y gratificaciones, creaciones de cargos, contratación de personal, equiparación salarial, inversión física, merienda escolar y otros tipos de gasto.
Por su parte, el paquete remitido por Hacienda supera los G. 64.000 millones (US$ 11,2 millones), que incluyen pedidos de reprogramación y ampliación presupuestaria, aunque no se financian con impuestos, sino con recursos propios y créditos.
Desde Hacienda, las autoridades miran con mucha preocupación los aumentos del presupuesto 2018, principalmente los que deberán ser financiados con impuestos, ya que son muy limitados y el déficit no puede exceder de 1,5% del PIB, tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El ministro Benigno López, en declaraciones a radio ABC Cardinal, se había manifestado en contra de estos incrementos, porque casi todos apuntan a incrementar los gastos rígidos, pero ninguno de ellos tiene financiamiento.