Analizarán mañana acciones judiciales

Los gremios empresariales nucleados en la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) analizarán mañana, en horas de la tarde, la posibilidad de acciones de inconstitucionalidad contra el nuevo reglamento del impuesto a la renta personal (IRP), que introduce cambios a la legislación tributaria por decreto. El gremio ha emitido duras críticas a los “cambios ilegales” al citado impuesto, señalando que con ellos el Poder Ejecutivo “destruye” el propósito de formalizar la economía. Ha advertido que la medida afectará seriamente a la inversión privada generadora de empleos.

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También ha expresado su “total desacuerdo” con la actuación “poco transparente” del Ejecutivo al decretar cambios significativos en el IRP, que solo se pueden hacer por ley de Congreso.

Uno de los aspectos en este conflicto que más molesta a los gremios empresariales es que las modificaciones realizadas no fueron consultadas ni consensuadas con el sector privado, tal como se había hecho en años anteriores con la Ley 2421/04 y su reglamentación. “Existen mecanismos de consulta, como el Consejo Consultivo Tripartito, conformado por los sectores empresarial, sindical y de Gobierno; creado por el Decreto 5159/16, que debería ser convocado para tratar estas cuestiones que están dentro de sus atribuciones”, enfatiza un comunicado de los gremios de la Feprinco.

Otra arista que irrita a los empresarios es que, mientras tanto, la economía informal “sigue gozando de buena salud”. Señalan que para comprobar la veracidad de dicha situación, basta con salir a las calles a mirar la cantidad de comercios informales y de productos de contrabando que se venden abiertamente. “Según los datos del Ministerio de Hacienda, la informalidad supera el 50% de la economía, y no hemos visto en tres años de este gobierno medidas reales y efectivas para combatir y disminuir esta problemática”, asevera Feprinco.

Gasto rígido

En contrapartida, según la Federación, ha habido un “aumento continuo” del gasto rígido, especialmente el salarial, llegando a montos que superan ampliamente los niveles practicados en el sector privado. “Este aumento, a más de irreal, es contraproducente, ya que todos sabemos de la ineficiencia del Estado para devolver a los ciudadanos en servicios públicos los impuestos pagados”, expresa.

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