Los representantes de diferentes gremios de jubilados y aportantes de la Caja Bancaria solicitaron al ministro Santiago Peña el cumplimiento de la Ley 4773/12, que autoriza al Ministerio de Hacienda a cubrir con recursos del Tesoro, en un lapso de 10 años, hasta el 50% de los aportes confiscados a los jubilados en el pasado.
Desde la vigencia de la Ley a la fecha, el Ministerio de Hacienda realizó un reintegro de G. 67.000 millones, de los G. 145.000 millones que establece la citada Ley. Para este periodo no se incluyó en el plan financiero por lo que no cuentan con presupuesto para el reintegro de aportes a los jubilados bancarios, según el viceministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez.
Rediseño del plan
Ramírez precisó que a la fecha, el fisco asumió unos G. 67.000 millones de los impuestos de los ciudadanos, y que ahora la situación de la Caja es distinta, tienen una excelente salud financiera que sugiere repensar el diseño del reintegro de los aportes, y así dejar de depender de las transferencias de Hacienda para el cumplimiento de la ley. Esto fue discutido en esta primera reunión y esperamos avanzar para dar una mejor salida, indicó. Sin embargo, para dar paso a otro sistema se deberá contar con una autorización del Congreso para que dicha reposición se haga con recursos de Fuente 30 (institucionales) de la Caja.
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Apoyan al presidente
Por otra parte, Juan Mario Sánchez, vicepresidente del centro de jubilados, manifestó que la mayoría de los aportantes apoyan la gestión de la Caja, y de su titular José Caballero, esto en relación a una denuncia sobre supuestas irregularidades en la cancelación de deudas de socios para favorecer a una firma y así acceder a préstamos blandos de la Caja.