ANDE no asumió denuncia en caso del robo de cables

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Pese a que sufrió un grave daño a su patrimonio, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se limitó a informar a la Fiscalía los descubrimientos de su auditoría interna en el caso de la sustracción de 114.984 metros de cables, por un valor equivalente a G. 1.520 millones. La investigación fue abierta contra personas innominadas y hoy deben declarar dos funcionarios.

En principio, las autoridades de la ANDE habían manifestado que en octubre del año pasado había hecho la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado; sin embargo, en la Unidad Penal N° 10, a cargo del fiscal Alberto González, aclararon que solo remitieron los informes de auditoría y que no había ningún relato de los hechos denunciados, es decir, apenas se puso a conocimiento de la Fiscalía el caso en cuestión.

Por este motivo y solo tras las primeras publicaciones del hecho abrieron una investigación contra personas innominadas, razón por la cual fueron citados para brindar declaraciones testimoniales funcionarios de la ANDE que tendrían conocimiento de lo ocurrido.

El primero en declarar el lunes último fue el exjefe de la División Gestión de Pérdidas de la ANDE, el Ing. Lindolfo Segovia, a cuyo cargo se encontraba el Ing. Julio César Maidana Caballero; quien, según la auditoría interna, aparece como principal responsable del retiro de materiales, incluso sin los documentos que respalden el destino de los mismos.

Asimismo fueron llamados para comparecer ante la Fiscalía Gregorio Espínola y el jefe de la sección Depósitos de la ANDE, Lic. Ángel Rojas. Este último es quien se había percatado de la actitud sospechosa del Ing. Maidana, puesto que acudía en un vehículo particular, sin logotipo de la empresa estatal de electricidad, a retirar los conductores de energía.

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La fiscalía también tiene previsto convocar al Ing. Maidana y que no podrán determinar la existencia de un hecho punible, así como y el grado de responsabilidad de cada funcionario, antes de que terminen las audiencias testificales.

No deja de llamar la atención la manera en que se está llevando adelante este proceso y, sobre todo, la resistencia del fiscal a brindar información sobre el caso, teniendo en cuenta que se trata de un presunto daño patrimonial contra una empresa del Estado.