Nuestro diario publicó el fin de semana el documento en el cual se basó la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) para justificar la cesión del puerto de Concepción a Baden SA, por 20 años, bajo la figura de “Alianza Operacional Estratégica”. Se hacía referencia al artículo 8.1 del decreto N° 12.297, que no menciona absolutamente nada sobre este tipo de operaciones.
Al respecto, consultamos ayer a Pedro Villalba, gerente de Administración y Finanzas de la institución, y la Abog. María Elizabeth Galeano, directora jurídica, quienes nos recibieron ayer en oficinas de Puertos. Ellos explicaron que hubo una equivocación en el documento oficial y que, en realidad, se basaron en el artículo 7.1 del mismo decreto (ver facsímil).
Dicho artículo, sin embargo, nuevamente se refiere al tema tarifas (como todo el decreto) y en un postulado segundario menciona el trabajo con el sector privado y esto es interpretado por la ANNP como un permiso para poder firmar “contratos de usufructo oneroso”, sin pasar por la ley de APP ni la 2051 de Contrataciones Públicas ni la ley de concesiones.
Galeano sostuvo que la operación no podía hacerse a través de la Ley 2051 porque no existe erogación de la institución, tampoco por ley de concesión porque no es servicio público.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A su vez, Villalba señaló que no se basaron en la ley de APP porque esta requiere inversiones mínimas de US$ 5 millones, “y nuestro llamado era de US$ 3 millones nomás, era de una envergadura menor a la exigida por la ley de APP, además de que es más engorrosa en su aplicación e intervienen otras instituciones. No se justificaba hacerlo de esa manera”, resaltó. Agregó que “la ley de APP está muy dirigida a rutas y aeropuerto, no es para nosotros”.
Hubo otra cesión por menor monto
Según explicaron los funcionarios, cuando llegó la administración actual se encontró con un contrato de usufructo del Puerto de Concepción por cinco años, otorgado en enero de 2011 a la empresa Agroganadera Sanja Pytã, con canon de US$ 10.000 al mes. Era un contrato de explotación celebrado en época del Gobierno de Fernando Lugo.
Entre 2013 y 2014, hicieron una auditoría y verificaron incumplimiento de las inversiones acordadas, de G. 1.100 millones, y que incluso la empresa estaba con una subcontratación que no se preveía en el contrato. “Había una situación de total abandono”, dijo Villalba.
Según lo relatado, en 2015 la ANNP tomó posesión del puerto tras un juicio de desalojo y desde ahí se inició el proceso posterior para adjudicar a otra compañía.
Fue así que elaboraron un Pliego de Bases y Condiciones (PBC), “por primera vez en la historia, porque las anteriores administraciones solo hacían adjudicaciones directas”, acotó el funcionario, y en la primera oportunidad, se informó del llamado en el diario La Nación (del Grupo Cartes), debido a que la empresa adjudicada para este fin elige trabajar con la opción más económica.
Dijo que 10 empresas compraron el PBC, pero solo tres se presentaron: CIE, que tiene entre sus accionistas al padre del ministro Ramón Jiménez Gaona, de Obras Públicas; Puerto Seguro, del Ing. Francisco Griñó, y Consorcio Aguaray, representado en el acto por Severo Villalba Giménez.
Se declaró desierto el llamado porque algunas empresas no cumplían con las condiciones técnicas y otras, con las económicas, de acuerdo con las explicaciones oficiales.
En el segundo llamado, que también se avisó a través del mismo diario, tres empresas compraron el PBC (Baden por su cuenta, CIE y Elena Molinas), pero ya solo se presentó Baden, ofreciendo pagar a la ANNP un canon anual de 9,17% de los ingresos brutos que registre. El pago acordado fue en dos cuotas, en julio y diciembre, y comienza a regir desde este 2018 (son aproximadamente US$ 120.000 anuales).
En cuanto a la inversión de Baden, los entrevistados dijeron que orillaría los US$ 4 millones hasta la fecha y la inauguración de las instalaciones será el 20 próximo. La idea es que en la etapa de plena capacidad, procese un millón de toneladas de granos al año, además de operar con contenedores. En total, en los 20 años debe completar una inversión de US$ 12 millones.
Capital operativo de apenas G. 50 millones
Según los documentos a los que accedió ABC, la ANNP adjudicó a Baden pese a que en ese momento su capital operativo era de sólo G. 50 millones. Al respecto, Villalba dijo que esa “es una cuestión relativa”, pues ya entonces, los accionistas eran CIE e Imperial, con capacidad financiera suficiente.
Galeano indicó que Baden SA transfirió sus acciones a CIE e Imperial en octubre y la adjudicación se llevó a cabo en noviembre. La ampliación de capital operativo a G. 24.000 millones se dio a mediados de 2017.
Presentaron denuncia penal
Una denuncia penal contra el presidente de la ANNP, Héctor Duarte; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y el presidente de la República, Horacio Cartes, fue presentada ayer ante la Fiscalía de Ciudad del Este con relación a la cesión del puerto de Concepción durante 20 años a la empresa Baden, cuyos accionistas están ligados al padre de Jiménez Gaona. La denuncia fue promovida por el Sindicato Auténtico de Trabajadores Marítimos del Paraguay, por lesión de confianza, asociación criminal, omisión de aviso de un hecho punible grave contra los intereses del Estado, daño patrimonial y violación de la soberanía nacional.