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La comunicación oficial respecto a la suspensión del plazo anterior fue hecha a través de la Dirección General de Comercio de Servicios, del MIC, que informó en una nota de prensa que se resolvió “la suspensión de la percepción (cobro) de tasas en concepto de inscripción en el Repse por espacio de 180 días (6 meses)”, aclarando de paso quiénes son los que están obligados a acudir a esa inscripción.
En ese sentido, en el Repse deben registrarse “las personas físicas y jurídicas que prestan servicios y sean contribuyentes del impuesto al valor agregado (IVA)”, dice el comunicado, agregando que la normativa respectiva excluye de esta obligación a “profesionales y/o técnicos en situación de dependencia del Estado que no sean contribuyentes del IVA”.
Al justificar la puesta en marcha del Repse, sobre el que se ha difundido escasa información y ha generado una serie de confusiones de último momento, el MIC alega que permitirá, por ejemplo, “que extranjeros no registrados (...) compitan deslealmente con profesionales paraguayos que sí tributan”.
Horas antes de esta decisión el director general de Comercio de Servicios, Ángel Morel, había dicho a radio ABC Cardinal que el objetivo era solo mejorar la estadística del sector y aplicar mejores políticas de Estado en el sector, aunque no supo explicar muy bien el fin que tenía la aplicación de un costo (hasta un jornal mínimo diario, casi G. 70.000) a partir del 23 de mayo, fecha que quedó ahora sin efecto.
Ante las consultas periodísticas mencionó también que la no inscripción no generaba multas, pero luego la especialista tributaria Nora Ruoti aclaró a la misma emisora que las normativas vigentes establecen multas que pueden aplicarse tanto al que contrata a un profesional no registrado en Repse como al mismo prestador del servicio, y que la suma es importante, va de 100 a 1.000 jornales mínimos diarios.
Explicó también que este registro fue establecido durante el gobierno de Fernando Lugo, en 2011, pero recién a finales del año pasado fue reglamentado, por lo que este año fue abierto para la inscripción correspondiente de los afectados.
Por su parte, Morel tampoco supo dar un dato aproximado sobre si a cuántos profesionales se pretende inscribir, aunque dio un dato vago, en el sentido de que se cree que seis de cada diez profesionales del país se dedican al área de servicios.