Como ABC ya lo denunciara anteriormente, el pago de “intereses devengados” es algo que ni siquiera figura en la Sentencia Definitiva de la Corte N° 368, del 2 de junio de 2000, que fija el precio a pagar a Cipasa por las tierras expropiadas.
Otras irregularidades
Pero además de esto, se dieron varias otras irregularidades para el pago de los 12.272 millones de guaraníes a los Antebi.
En efecto, según los documentos a los que nuestro diario tuvo acceso, aunque el pedido de pago fue presentado por Roberto Leslie Antebi como presidente de Cipasa (en quiebra), quien recibe los cheques es su hijo Alberto Helfon Antebi, sin presentar ningún poder por parte de los accionistas de la empresa. Es decir, Alberto Antebi no reunía los requisitos legales ni administrativos para cobrar los cheques del Indert, ni siquiera por la cuota normal que también fue pagada.
Aún así, Marciano Barreto autorizó el millonario desembolso y en complicidad con el tesorero, Luis Amarilla; el gerente financiero, Silvestre Aquino; y el jefe de Egresos, Jorge Yegros, se violaron las normas administrativas para efectivizar el pago a los Antebi.
¿Perjuicio a acreedores?
Recordemos que el Indert está notificado suficientemente que la firma Cipasa solicitó convocatoria de acreedores en el año 2003.
A pesar de estas notificaciones, Barreto y sus funcionarios administrativos liberaron los cheques a favor de los Antebi, sin siquiera haberse depositado en una cuenta bancaria a nombre de la convocatoria de acreedores, sino siendo endosados y cobrados íntegramente y en efectivo en ventanillas del BNF.
Es importante mencionar que Cipasa ya cobró G. 151.179.579.438 en concepto de pago de siete cuotas, más la suma de G. 12.272.869.631 por “intereses devengados”, que totalizan a la fecha la suma de G. 163.452.449.069.
Suspensión
El interventor del Indert. Emilio Camacho, si bien autorizó el pago de la séptima cuota por las tierras de Antebi Cue, suspendió el pago por los “intereses devengados” (que alegremente pagó Barreto) hasta que se tenga un dictamen jurídico a profundidad que determine si corresponde o no dicho pago.
Antebi le reclama al Estado paraguayo actualmente cerca de G. 470.000 millones (US$ 110 millones) solo por intereses devengados, a los que debe sumarse el precio del inmueble de G. 215.970 millones.