27 de Noviembre de 2017

| PRESENTARÁN DENUNCIA PENAL CONTRA AUTORIDADES DE LA CARTERA

Aparece otro caso de millonaria licitación amañada en el MOPC

Una nueva denuncia en contra de autoridades del MOPC se prevé presentar hoy en el Ministerio Público, sobre aparente asociación criminal, lesión de confianza y otros delitos. Es por un caso de licitación amañada, esta vez de US$ 65 millones.

Titulares del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) una vez más son denunciados por violar la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, violentar su propio Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y por supuestamente incurrir en graves delitos. Esta vez, la lupa está sobre el llamado a licitación para rehabilitar y pavimentar el tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6, adjudicado por G. 362.966.484.308 (US$ 65 millones, al cambio actual) al consorcio Tavaí (CDD Construcciones 60% y Ramón C. Álvarez SA (Uy), 40%), según contrato firmado el 23 de diciembre 2016.

De acuerdo con los datos, el consorcio Tavaí no debió haber sido adjudicado para esta obra, porque la empresa Ramón Álvarez SA no cumplió con los requisitos del ámbito financiero exigidos en el PBC de la licitación.

Fuentes relacionadas al MOPC entregaron los documentos sobre este caso al Ing. Hermann Pankow y éste, a su vez, proporcionó una copia a nuestro diario el fin de semana. La carpeta muestra, entre otras cosas, que hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo financiador, objetó la incapacidad financiera de Ramón Álvarez SA.

Oferente no cumplía con requisito financiero A finales de noviembre del año pasado, desde el BID enviaron un correo a funcionarios del MOPC diciendo que se mantiene en su dictamen no favorable a las pretensiones de la cartera. “Con base en la información remitida por el ejecutor, Ramón Álvarez SA no alcanza a cumplir el requisito de Recursos Financieros”, dice parte del e-mail (ver facsímil).

Los documentos indican que sin darse por vencida, la administración de Obras Públicas, cuyo titular es el ministro Ramón Jiménez Gaona, insistió al BID para que éste dé su “no objeción”. Agregó al expediente cartas de bancos que supuestamente mostraban las líneas de crédito disponibles a favor de Ramón Álvarez SA, pero en realidad, esas mismas notas de entes bancarios aclaraban que el otorgamiento de préstamos estaba sujeto a varias condicionantes. “La empresa Ramón C. Álvarez, miembro del consorcio TAVAI, incurrió en varias irregularidades para resultar adjudicada, como la presentación de cartas de crédito bancario sin validez, ya que las mismas estaban condicionadas para su otorgamiento (requisito excluyente)”, dijo Pankow a ABC.

Ingeniero sin experiencia en asfalto Otro cuestionamiento es que el consorcio adjudicado no cumplió con la exigencia de presentar un ingeniero residente con experiencia en asfalto. Precisamente, presentaron el nombre del Ing. Silvio Quiñónez, con nula experiencia en dicho ámbito, y en lugar de descalificar la oferta como lo ha hecho en otros casos similares, el MOPC le pidió a la empresa que cambie por otro nombre que sí cumpla con el requisito. Por ejemplo, en el caso de la Ruta 3, la falta de un profesional con experiencia específica solicitada hizo que descalifiquen varias propuestas más económicas que la que finalmente fue adjudicada.

Pero en la cartera, aparentemente no miden a todas las oferentes con la misma vara. Tal es así que, recientemente, la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) denunció que las licitaciones son como “traje a medida” para beneficiar a las empresas amigas.

Finalmente, un tercer cuestionamiento al proceso de referencia tiene que ver con el proyecto de la obra, que según la denuncia presenta graves anomalías. Eso, como resultado del cambio del plan original y la utilización de estructuras de menor calidad, que incluso pueden poner en riesgo la integridad de los usuarios de la tramo San Juan Nepomuceno-Ruta N° 6.

¿Proyectista recomendada del BID?

El proyecto en cuestión fue terminado con una empresa que no ganó ninguna licitación, llamada “Proyectos y Estudios Especiales SA (P&ee). Según los datos, sería recomendada del BID pese a no figurar como proveedora del Estado paraguayo en el portal de Contrataciones Públicas. “¿Para qué se hacen licitaciones si al final cualquiera hace un proyecto?”, se preguntó Pankow. Señaló que en este proyecto usaron barandas “de protección” que no resisten al impacto de vehículos pese a que inicialmente se tenía planeado usar las de hormigón armado tipo “New Jersey”. Además, el hormigón usado para alcantarillas es de 18 Mega Pascales (unidad de medida de resistencia del hormigón), algo no permitido por las normas vigentes. “Esto ocasiona muertes en los puentes; el ministro ya fue denunciado en la fiscalía por homicidio culposo por este motivo e igual insiste en este tipo de barandas”, puntualizó.

Por todos estos motivos, el Ing. Pankow –quien había denunciado por asociación criminal al ministro Jiménez Gaona, el viceministro Juan Manuel Cano y otras autoridades del MOPC–, prevé ampliar hoy su denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero y Finaciamiento del Terrorismo.

Responderán hoy

ABC intentó tener una respuesta por parte de las autoridades del MOPC, sobre este nuevo caso denunciado. El ministro Jiménez Gaona no respondió su teléfono con número de terminación 999 hasta el cierre de esta edición, mientras que el viceministro Cano se excusó diciendo que se encontraba en el interior del país. No obstante, el subsecretario de Estado prometió adentrarse en el tema hoy para dar una respuesta a nuestro requerimiento.

Según los datos, ambas autoridades están siendo investigadas por la Fiscalía en el marco de la causa sobre el “superviaducto” de Madame Lynch, que adjudicaron a la española Isolux, una empresa cuyos dueños son investigados en su país por supuestamente pagar sobornos para conseguir obras en varias partes del mundo.

 
 

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