Apoyan gestión de Caja Bancaria pese a dudosa intermediación

Directivos de la Coordinadora de gremios de jubilados bancarios, que reúne a nueve organizaciones gremiales afines, señalaron durante una visita a nuestro diario que apoyan la actual gestión de la Caja Bancaria, y desacreditaron la denuncia por supuestas irregularidades en la cancelación de deudas de socios para favorecer a una firma. En el caso hay investigación fiscal de por medio.

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Carlos Díaz Valiente, coordinador general de esta agrupación y presidente de los jubilados del BCP, acotó que la mayor parte de los jubilados apoyan a la administración actual, apoyado en los resultados financieros que reflejan que la Caja goza de solvencia suficiente.

Por su parte, Juan Mario Sánchez, vicepresidente primero del Centro de Jubilados Bancarios, expresó que las diversas entidades que ellos representan, y que dice aglutinan casi al 80% de jubilados y pensionados, rechazan las acusaciones realizadas por “un grupo minoritario que quiere hablar en nombre de todos”.

Acotó, además, que este respaldo se debe al apoyo que recibieron de los administradores para reponer los aportes confiscados años atrás, con recursos genuinos de la caja. Otro beneficio importante a favor de los jubilados fue el reaseguro médico hasta US$ 100.000 por titular y cónyuge, que fue muy celebrado por los socios, ya que el seguro convencional no cubría las necesidades de la mayoría de los aportantes, alegó.

Los antecedentes del caso indican que a través de la empresa Karaku SRL, 81 socios cancelaron sus créditos por más de G. 14.000 millones (US$ 2,5 millones) entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre de 2016, que dejó ganancias a la firma de unos G. 700 millones, lo que representaría 5% de comisión.

La operación consistía en que se cancelaban las deudas con cheques emitidos por Karaku con cargo Banco Continental, la Caja Bancaria aceptaba el cheque y sin confirmar los fondos, en tiempo récord, otorgaba un nuevo préstamo. Esto se hacía en el mismo día, en tres o cuatro horas, según la denuncia. Según la versión de los jubilados, se trataría de refinanciaciones a través de esta y otras firmas acogiéndose a los beneficios de la cancelación de deudas sin el cobro de intereses no devengados (no vencidos), a fin de acceder a nuevos créditos que otorga la Caja a tasas más blandas. La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de Martín Cabrera, investiga los hechos. Al respecto, un grupo de socios hizo esta semana una manifestación ante la sede de la Caja pidiendo la intervención de la misma.

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