Para justificar la adjudicación del ensanche de las rutas 2 y 7 a un consorcio liderado por Sacyr, pese a sus antecedentes judiciales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) alude a los dictámenes favorables emitidos por la Procuraduría General de la República, la Abogacía del Tesoro y la Secretaría Técnica de Planificación (STP). Sin embargo, al revisar esos documentos, que están en la página web de la STP, se puede ver que los titulares de las dependencias citadas deslindaron en cada uno de los dictámenes su responsabilidad sobre la decisión de adjudicación.
Sacyr tiene procesos judiciales en España, Panamá, Colombia y Chile, que según las normas que regulan los procesos de contratación vía APP deberían excluirle.
En ese sentido, el procurador Roberto Moreno asienta en su dictamen que la única documentación acercada por el MOPC se refiere a las sentencias contra una sociedad integrada por Sacyr, dictadas en Murcia-España. Más abajo (ver facsímil) dice, por un lado, que su dictamen no es vinculante, y, por otro, que el mismo podrá ser modificado “en caso de existir otros documentos pertinentes”.
Asimismo, en la nota firmada por el abogado del Tesoro, Fernando Benavente, se aclara que el dictamen ni es vinculante ni es sobre todos los procesos que pueden involucrar a Sacyr.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Pese a todo, el ministro Ramón Jiménez Gaona, tras el contrato de las rutas 2 y 7, apunta a ceder a la firma española la modernización y explotación del aeropuerto por 30 años, también por la vía del APP.
En cuanto a la STP, esta directamente se lavó las manos, negándose a dictaminar sobre la cuestión jurídica, argumentando que eso le corresponde a la administración contratante (MOPC), a la Procuraduría y al Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro.
Tanto la licitación de las rutas 2 y 7, en la que Jiménez Gaona ya firmó contrato, como la del aeropuerto, que quieren adjudicar a la misma empresa, son objetos ahora de una investigación por parte de la Fiscalía a raíz de una denuncia de legisladores.
Solamente en Chile, unos 20
Solo en Chile, Sacyr tiene alrededor de 20 procesos por incumplimiento. En un caso (ver infografía), una empresa pública le rescindió un contrato de 120 millones de dólares. También tiene procesos en Murcia (España), Colombia y Panamá. Según la ley de APP, el decreto y el pliego deben ser descalificados.