APP para ampliación de las Rutas 2 y 7 todavía no tiene financiamiento

Las obras de ampliación de las rutas 2 y 7, que han sido adjudicadas vía APP a un consorcio integrado por Sacyr-Mota Engil-Ocho A, todavía siguen sin financiamiento. El consorcio contratista alega que para el desembolso de los bancos, por un total de US$ 500 millones, se necesita tener al menos 50% de franja liberada.

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Para abril de 2018 se debía tener el financiamiento de esta obra, que es la única adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) vía Asociación Público Privada (APP). La cartera le prorrogó el plazo a octubre y luego a noviembre del mismo año, aunque en diciembre volvieron a postergarle, alegando que mientras no sea liberada la franja de dominio, unos 150 km, no se conseguirá el financiamiento.

Si bien el Ing. Luis Pettengill, titular de Ocho A, sostiene que ya se tiene asegurado el capital requerido, reconoce que para el desembolso efectivo por parte de los bancos se necesita tener disponible la franja para las obras, tanto áreas que pertenecen al dominio del MOPC como inmuebles que fueron expropiados.

“Siempre tuvimos esa financiación para las rutas 2 y 7, US$ 200 millones es del BID y US$ 300 millones es de Goldman Sachs. La condición para iniciar el desembolso es tener por lo menos el 50% de las expropiaciones”, dijo ayer a ABC. “Cuando eso ocurra, 30 de marzo de 2019, se inicia el cierre financiero y la obra. Hoy en día están haciendo (la liberación en) la zona de San José hasta Caaguazú. Ahí completan el 60% requerido por los bancos”, señaló.

Asimismo, explicó que una vez que el MOPC entregue ese tramo mencionado, tiene tiempo hasta diciembre de 2019 para poner a disposición de la contratista el área restante. “Creo que no van a tener dificultades”, acotó.

De acuerdo con los datos de este emprendimiento, Obras Públicas proyectó liberar 1.800 propiedades; de esa cifra, cerca de 300 corresponden a ocupantes que se encuentran en la franja de la citada cartera y 1.500 inmuebles privados, que están sujetos a expropiación y al pago de las correspondientes indemnizaciones.

Precisamente, en diciembre pasado se empezó a desembolsar el pago por esas expropiaciones y este año se prevé continuar.

El director de Proyectos Estratégicos de la cartera, Jorge Vergara, informó ayer que de 1.800 propiedades, a la fecha se ha pagado por unas 120. El consorcio encargado de las obras en rutas 2 y 7 se denomina Rutas del Este, integrado en principio por Sacyr (España), Ocho A (Paraguay) y Mota Engil (Portugal), aunque esta última empresa inició el año pasado la cesión de sus acciones a Ocho A. Mota tenía a su cargo el fallido proyecto del metrobús, mientras que la española Sacyr posee procesos abiertos en varios países y denuncias por incumplimiento en obras.

A este grupo de empresas el MOPC viene dando oportunidades pese a que el acuerdo de esta APP establece que es causal de rescisión la “imposibilidad de firmar el contrato financiero (cierre financiero)”, según lo que establece la cláusula “XXXIV Terminación anticipada de contrato” (inciso g). Sin embargo, desde la cartera alegan que evitan la rescisión para buscar “mejores alternativas”, pues el consorcio ya invirtió cerca de US$ 50 millones en el denominado “tramo cero” y según el mismo contrato, ese monto total invertido deberá ser reembolsado por el MOPC en caso de que las obras hubieran sido iniciadas antes de la firma del contrato de financiamiento (cierre financiero).

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