La exhortación de la Aisep al Presidente de la República data del día 3 del presente mes y está firmada por los ingenieros Orlando Valdés y Juan Encina, presidente y secretario de la Asociación de especialistas del sector.
El proceso de revisión, actualmente suspendido, del documento en cuestión comenzó el 14 de junio de 2014, aún con los representantes del anterior Gobierno de la República Argentina.
Beneficios en juego
Los técnicos recuerdan que están en vigencia o “como mínimo suspendidos”, por ende en juego, los siguientes beneficios:
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1.- Compensación por territorio inundado. Subrayan que este concepto nunca se aplicó, incluso hasta hoy.
2.- Reconocimiento de que la energía debe ser dividida en partes iguales. Destacan que el aprovechamiento de la ANDE de la potencia que pertenece al Paraguay “está limitada al 60%”.
3.- La posibilidad de vender nuestra energía y/o de actualizar el precio de la electricidad cedida.
4.- Criterios para determinar la tarifa de la energía producida en la central.
5.- Índices de reajuste utilizados para el pago de las compensaciones.
6.- Criterio que se empleará para el reconocimiento de la deuda de las Altas Partes, etc.
Sobre el pasivo imputado a la EBY, la Aisep subraya que la cláusula de revisión del Anexo C “establece taxativamente” que las partes deben asumirla según la “relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”.
La Aisep, además, califica el actual “desorden” de la entidad binacional como “premeditado” y previene que la solución inmediata depende “de la aplicación de la cláusula de revisión del Anexo C”.
Insiste en que las disposiciones del Anexo C, “necesariamente deberán ser actualizadas, otras eliminadas”, porque finalizó la fase de construcción y porque los actuales requerimientos de los sistemas a los que alimenta cambiaron”.
Enfatiza, por ejemplo, que el sistema paraguayo está hoy en condiciones de absorber toda la potencia y energía que pertenecen a nuestro país.
Los técnicos dicen también al Jefe de Estado que les llama “poderosamente” la atención que las autoridades de la EBY hayan priorizado la negociación del Anexo A (estatuto) del Tratado, en desmedro del Anexo C, “realmente crítico para nuestro país” y que con ese ordenamiento pongan en riesgo “los beneficios y derechos adquiridos en el Tratado de Yacyretá”.