El abogado de los propietarios de inmuebles y comercios instalados a lo largo de la mencionada avenida recordó que ya la consultora japonesa Nippon Koei, contratada por el Gobierno de Horacio Cartes, había concluido que el polémico proyecto era inviable, por diversas razones.
Sin embargo, extrañamente, el Poder Ejecutivo no dio a conocer a la opinión pública el citado estudio, negando así a la ciudadanía información veraz.
Al destacar la falta de seriedad, credibilidad y apego a la Constitución y a las leyes vigentes del país, de las autoridades del Ejecutivo, Peña Gamba calificó de “grave incoherencia” la actitud del titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, quien el 20 de agosto del 2013, tras asumir el cargo, aseguraba que se estaba trabajado en “una solución” al sistema de transporte y aclaró que el proyecto metrobús “no era lo más factible”.
Aseguraba igualmente el secretario de Estado que el metrobús “no resuelve la problemática del transporte” público de pasajeros, teniendo en cuenta que el objetivo del Gobierno es una solución que dure, al menos, los próximos 20 años.
Peña Gamba recordó asimismo la posición del exministro de Hacienda Germán Rojas (hoy embajador de Paraguay en Estados Unidos), quien el 21 de setiembre de 2013 alertó que este proyecto “no era viable para los próximos 25 años”. Rojas también advertía que el metrobús ya no era viable, porque se plantea el transporte de 15.000 usuarios, siendo que para el cierre de aquel año ya se alcanzarían 20.000 pasajeros. Sugirió igualmente una alternativa, que podría ser el monorriel.
Violación de la ley
El abogado de los frentistas denunció igualmente que el MOPC viola la Ley N° 5133/13, por la cual el Congreso nacional le autorizó a emitir bonos para el mejoramiento del transporte público metropolitano “movido a electricidad”. Sin embargo, el Gobierno volvió al proyecto anterior de un metrobús movido a combustible fósil (gasoil).
Precisamente, la citada ley, en su Art. 7º, autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y mantener en circulación bonos de la Tesorería General de hasta el equivalente (en guaraníes) a US$ 55.000.000, para financiar “los requerimientos adicionales del programa Reconversión Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno, emergentes de la construcción de infraestructura electromecánica para el transporte masivo de pasajeros, y las inversiones complementarias para la implementación del Programa”.
Cabe advertir que el Art. 6º de la ley además faculta al MOPC “para adquirir los inmuebles y mejoras afectadas por la expropiación, con arreglo a las disposiciones de la Constitución nacional y los acuerdos expuestos en los contratos de préstamos, previa aprobación para cada caso, a través de una resolución ministerial, de tasación practicada por las oficinas respectivas de la citada cartera de Estado”.
Sin embargo, este paso nunca se realizó, de acuerdo a los propietarios de los inmuebles que eventualmente serán afectados.