La flamante auditora nombrada por la Contraloría para verificar todo el proceso de contratación que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) respecto al aeropuerto, trabajó en dicha cartera hasta el 31 de diciembre, también como auditora. Es decir, la investigación al MOPC será hecha por “alguien de la casa”.
Contraloría intervino tras la denuncia radicada por legisladores miembros de la Comisión Permanente, y en el Ministerio de Obras Públicas los responsables de esta APP habían dicho, inclusive, que dicha intervención iba a dar mayor legitimidad al proceso que supuestamente debía definirse este mes.
Ayer intentamos comunicarnos tanto con el ministro Ramón Jiménez Gaona como con la titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe), Claudia Centurión, para hablar del tema, pero ninguno respondió.
Al hecho de que la supuesta intervención será hecha por una funcionaria de la casa se suma una serie de dudas en este proceso de contratación. Una de ellas se refiere al canon que ofrece el oferente que está más cerca de ganar, Sacyr-Agunsa, que según especialistas no es razonable. Este canon es del 32,06% de los ingresos brutos mensuales.
Con los 300.000 millones de guaraníes que genera hoy el aeropuerto al año se sostienen otras 10 terminales aéreas más pequeñas. Cuando entre el operador privado, se supone que con apenas el 32,06% que perciba el Estado deberá mantener a los demás aeropuertos.
Todo lleva a suponer que el negocio que hoy es inviable será posible luego aumentando las tarifas, que hoy ya sitúan a nuestro aeropuerto entre los más caros de la región.
Otra cuestión es que las inversiones se harán en etapas y la única inversión obligada es la primera y principal (de 110 millones de dólares, aproximadamente).
La ejecución de obras en las siguientes etapas depende del aumento de la demanda.
Es decir, si no aumenta la demanda, el aeropuerto no se seguirá ampliando, pero el contrato será de todas formas por el lapso de 30 años.