Auditoría Interna de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) detectó una serie de anomalías en la provisión de cal hidratada por parte de la firma Grupo Empresarial del Paraguay SA, como por ejemplo la falta del kilaje requerido.
Héctor González, gerente de licitaciones de la firma, admitió que “pudieron haber entregado menos en algunas bolsas, porque muchas tenían poca capacidad. Se sorprendió que Essap no haya reclamado en su momento, teniendo en cuenta que siempre le restaban G. 25 millones, 30 millones, porque “la calidad de la cal que adquirían de Vallemí no era de buena calidad”.
Semanalmente entregaban entre 1.200 y 1.300 bolsas, de acuerdo al pedido de la empresa del Estado. En noviembre de 2015, auditoría y Anticorrupción de la estatal detectaron las anomalías. Faltaban 2.070 kilos, tendiendo en cuenta que las bolsas eran de 18,275 kilogramos y no de 20 kg, como exigía el pliego.
Osmar Sarubbi, titular de la institución, negó la acusación y nos recomendó “pedir a las personas que proveyeron del informe, que también les faciliten los documentos que lo contrarrestan”.
Pero otro informe de la oficina anticorrupción de la institución pública confirma el informe de auditoría, es decir, constató las mismas irregularidades. Es más, menciona la necesidad de que Essap cuente con una báscula para garantizar la provisión total del producto.
Según auditoría, las bolsas, además de no tener el peso exigido, tampoco llevaban impreso el kilogramo, la marca de procedencia, la leyenda “uso exclusivo de Essap, prohibida su comercialización”, entre otras. También señala la necesidad de que la empresa pública cuente con una báscula
De acuerdo a los documentos que obra en la página web de Contrataciones Públicas, la empresa proveyó de cal a la Essap, entre 2013 y 2015, por valor de unos G. 8.000 millones.
Aparecen como directivos y representantes legales de la citada firma: Carlos Romero, quien aseguró que en 2014 vendió todas las acciones. Asimismo figuran Nancy Acosta, Carlos Castro y Darío Rubén Báez. Este último estuvo involucrado en 2012 en un caso de supuesta venta ilegal de barcazas a Prefectura Naval.