El Ministerio de Trabajo recibió la semana pasada la denuncia acerca de incumplimientos laborales por parte de la firma en cuestión, que actualmente es proveedora de los servicios de limpieza y de estibaje de la Industria Nacional del Cemento (INC). Sin embargo, Cevima SA, cuyo accionista principal es Claudio Escobar Brizuela, ha ganado en los últimos años más de US$ 11 millones en licitaciones con distintos entes del Estado, de acuerdo a lo que pudimos corroborar en la página de Contrataciones Públicas.
Según dijeron los trabajadores de la firma durante la protesta realizada en Vallemí, frente a la planta de INC, les venían pagando desde hace años menos del sueldo mínimo e incluso, no se les abonó el aguinaldo de 2015 y les adeudaban el sueldo de enero a marzo.
Nuestro diario accedió a copias de extractos bancarios de los empleados, que dan cuenta de depósitos salariales de solo G. 1.100.000 mensuales, en lugar de los G. 1.824.055 exigidos por ley como sueldo mínimo.
El “modus operandi” de este tipo de empresas, según datos que se manejan en el sector, es ganar licitaciones estableciendo (solo en los papeles) un margen mínimo de ganancia, que incluso raya la tontería. En lugar de establecer 10% a 20% de lucro, la empresa pone menos del 1% y se compromete a pagar a los trabajadores todos los beneficios establecidos en la ley.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sin embargo, en la práctica lo que hacen es ganar más de lo que había establecido en los papeles, reduciendo el salario de los empleados. Vale decir, se falsea datos para poder obtener millonarios contratos con el Estado.
Respecto al caso de Cevipa en particular, el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, negó que la cartera esté haciendo la vista gorda a la denuncia. Dijo que tras recibir la nota ordenó la intervención y que de comprobarse los hechos denunciados, la empresa podría ser sancionadas con “fuertes multas”.
“Recibimos la denuncia y nos preocupó mucho. Yo ordené una investigación y si se constata vamos a aplicar todo el rigor de la ley”, aseveró Sosa.
Desde Contrataciones Públicas informaron además que la Dirección de Verificación Contractual de esta institución abrió una investigación de oficio sobre el caso. Según lo explicado, esto puede derivar en la suspensión de la proveedora y la imposibilidad de que preste servicio para el Estado por un plazo definido.
gbenitez@abc.com.py