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El complejo inconcluso de Mariano Roque Alonso, un triste recordatorio de una gran estafa a los trabajadores, continúa en proceso de demolición. Esta fue iniciada hace unos meses por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), que pretende desarrollar en unas 17 Ha de la propiedad un nuevo proyecto habitacional con la construcción de 3.000 apartamentos, previa venta de los macrolotes al sector privado.
Los “esqueletos” derribados formaban parte del clavo que le dejó la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) al Instituto de Previsión Social (IPS), que en su momento recibió el complejo como parte de pago por sus depósitos colocados en el fallido banco.
A mediados de la década de 1990, un consorcio integrado por la empresa Ecomipa (del grupo Wasmosy) tomó un préstamo de G. 55.000 millones del BNT para desarrollar el proyecto edilicio de Mariano Roque Alonso.
Se suponía que una vez terminadas las unidades debían ser adquiridas, a través de préstamos hipotecarios otorgados por el citado banco a los trabajadores. Ni lo uno ni lo otro ocurrió.
Las unidades nunca fueron terminadas y solo sirvieron para saldar deudas de origen ilegítimo, operaciones en las que el Instituto de Previsión Social resultó seriamente perjudicado y por ende, sus asegurados.
En un primer momento, el BNT aceptó que el consorcio ligado al entonces presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, saldara su deuda de G. 55.000 millones transfiriéndole el complejo tasado entonces en solo G. 21.300 millones. Más tarde, cuando se produjo la quiebra del banco, el IPS fue forzado a aceptar la transferencia del inconcluso conjunto de estructuras de edificios en dación de pago por los G. 220.000 millones que tenía depositados en el BNT.
En esta historia de fraude y corrupción, que terminó con sindicalistas y exdirectivos del BNT presos –o prófugos–, el IPS se quedó con el “mono” durante décadas y acabó vendiendo 17 Ha de las poco más de 19 Ha a Senavitat por G. 35.000 millones, en el 2015.
pcarro@abc.com.py