BCP abre un “agujero negro” en normas que rigen el riesgo en la banca privada

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En el marco de las “medidas de carácter excepcional para pequeños productores agrícolas”, el BCP emitió una disposición que habilita a los bancos privados a flexibilizar las normas de riesgo para recategorizar a los deudores en mora, especialmente labriegos, y “vender” luego esa cartera al BNF. En el sector se considera que esto es peligroso para el sistema y puede generar un “agujero negro” en las normas.

Se trata de la “Resolución SB. SG. Nº 00115/2016”, emitida con el sello del Banco Central del Paraguay (BCP) y la firma del superintendente de Bancos, Hernán M. Colmán, que entre sus considerandos habla de la necesidad de “coadyuvar a mitigar la problemática social y económica por la que atraviesa la agricultura familiar” y mejorar “las finanzas de los pequeños productores”, y luego asume de que “la banca local debería de contemplar en el rol de su responsabilidad social la asistencia a los sectores más vulnerables”.

Agrega en ese sentido, como anticipándose a las posibles críticas, que eso debe hacerse, sin embargo, “bajo un marco que impida una fuerte erosión de su patrimonio y ajustado a las mejores prácticas en materia de gestión de riesgos.

Ya en la parte resolutiva, la medida habilita a las entidades financieras a “mejorar la clasificación hacia categorías de menor riesgo y mantener su condición de sujetos de crédito” a aquellos deudores que hayan iniciado gestiones para la reestructuración de créditos hasta el 31 de agosto de 2016.

Establece también que esto “regirá exclusivamente en aquellos casos en que dicha cartera sea negociada (vendida) con otra entidad intermediaria de plaza”. En este punto hay que decir que una de las entidades habilitadas por el Gobierno para comprar la cartera morosa de los pequeños agricultores es el Banco Nacional de Fomento (BNF).

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En el sector bancario privado, consideran peligroso abrir este tipo de “agujeros” en las normas de riesgos tan celosamente vigilados por el propio BCP, pues resulta que la mayoría de esos deudores a los que quiere beneficiar la resolución ya están en categoría 5 y 6, y se precisa de una inusitada flexibilización para volverlos a las categorías 1 y 2. Además, al parecer hay un tope de 25 salarios mínimos (unos G. 45 millones), que sería por deudor. Se preguntan que van a hacer del resto si la deuda sobrepasa esa suma.

Según datos oficiales, el monto global de la deuda de los labriegos con bancos y financieras, incluido el BNF, es de casi G. 180.000 millones (US$ 32 millones).