La discusión giró en torno a si una empresa binacional podría ser fiscalizada, lo que obtuvo la respuesta negativa de Itamaraty y la Abogacía General de la Unión (AGU).

Sin embargo, y según informaron medios brasileños, el ministro Walton Alencar dio por finalizada la discusión cuando demostró que la Contraloría General de la República del Paraguay ya había auditado la represa en el año 2004.

No obstante, aquella intervención de la Contraloría había sido muy puntual y por ende incompleta .

En el año 2006 el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil había solicitado al entonces presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, que firmara un acuerdo con el Gobierno paraguayo con el fin de fiscalizar Itaipú. El argumento era la exigencia de la sociedad civil de que la binacional sea sometida a controles gubernamentales de ambos países.

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