La convocatoria para dictar sentencia por parte del Tribunal presidido por Arnaldo Fleitas e integrado por Elsa García y Víctor Medina es para la referida hora.

Ayer, en el cuarto día de juicio, el fiscal Jalil Rachid pidió una condena de 3 años y 6 meses de cárcel para Figueredo.

El argumento de la Fiscalía es que el ambientalista incurrió en el delito de procesamiento ilícito de desechos (artículo 200 del Código Penal) y violación de la Ley Nº 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente.

Al exponer sus alegatos finales, la abogada Rosa Vacchetta solicitó la absolución de Figueredo pues sostiene que la acusación carece de sustento jurídico.

La defensora destacó que lo único que hizo su cliente fue suplir la falencia del Estado en la materia y que de ninguna manera puede constituir ilícito su accionar en beneficio de la comunidad.

“No se dan las condiciones para acusarlo por procesamiento ilícito de desecho. Para que el procesamiento de desechos sea ilícito, se tienen que dar dos requisitos fundamentales: el primero es que se dispongan en un lugar determinado por el municipio, que no hay; el segundo punto dice ‘contrariando normativas legales o administrativas preexistentes’, lo que tampoco se da, porque el hecho ocurrió el 26 de setiembre de 2014, y la normativa salió el 18 de setiembre 2017”, afirmó Vacchetta, representante legal de Figueredo.

Constitución del Tribunal

El miércoles último, el Tribunal de Sentencia se constituyó en un depósito de Tayi Ambiental, operadora de Servicios de Ingeniería y Materiales SA (Sermat), ubicado en Villa Hayes, donde se encuentran las evidencias requisadas de la Fundación Itá Enramada. Estas son las siguientes: 58.390 kilos de residuos que corresponden a 270 tambores con pilas, fluorencentes, filtros, toner y focos; 22 bidones con pilas y 273 bloques de cemento con pilas en su interior. 423 kilos de residuos tipo punzocortantes y químicos (medicamentos vencidos).