PERÚ (Gladys Benítez Prieto, enviada especial).- En Paraguay y en toda Latinoamérica, el crecimiento de las ciudades se ha dado de forma desordenada y acentuando la desigualdad socioeconómica, según afirmó el Arq. Eduardo Reese, especialista argentino en planificación urbana y regional. En una compleja interacción, las políticas públicas, el mercado y los procesos sociales dan como resultado la realidad actual. “Es un esquema complejo donde los múltiples factores intervienen, por lo que hablar de ciudad es siempre hablar de conflicto, esto no es una disfunción, sino que eso es lo normal”, explicó Reese.
La pregunta que viene seguidamente es qué tipo de ciudades conviene tener para enfrentar el inevitable crecimiento poblacional.
Al respecto, el especialista señaló que el mercado normalmente propone construir edificios que superpueblan las ciudades o bien, ofrece la expansión horizontal de estas hacia las zonas rurales, pues son los modelos más rentables para los empresarios, pero que acentúan las desigualdades. Además, la escasa intervención de políticas públicas y el sistema tributario actual empeoran el problema en los países, pues castigan al pobre y al productor (industrial, rural, etc.) y favorecen a especuladores. El especulador se aprovecha de todas las inversiones que hace el Estado y no aporta al bienestar de la sociedad, resaltó Reese.
En vista de que no hay presupuesto público que aguante el sistema actual de expansión horizontal de ciudades con alta carga de especulación, se plantean mecanismos sostenibles económica y socialmente. “El problema de nuestras ciudades no es la falta de planeamiento sino el actual orden elitista y excluyente de las políticas y el urbanismo”, aseveró el experto.
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Para el economista brasileño Paulo Sandroni, una forma de enfrentar el problema es contar con un plan urbanístico para reocupar la ciudad, además de políticas inclusivas que permitan la convivencia de sectores económicos alto, medio y bajo.
Agregó que necesariamente se deben destinar recursos para eliminar la exclusión, pero como el sector público no cuenta con suficientes fondos, el aporte del sector privado es fundamental. En tal sentido, apuntó que quienes lucran en el rubro inmobiliario y que actualmente se están beneficiando de obras públicas pagadas por todos los contribuyentes deberían comenzar a abonar lo que se denomina “derecho de construcción”, un aporte que tiene como objetivo dotar de fondos a gobiernos municipales para inversiones sociales. De lo contrario, la brecha de desigualdad social será cada vez mayor, pues la lógica del urbanismo tradicional excluye a los sectores populares y refuerza el círculo de la pobreza.