Cuando fue licitada y adjudicada la cuestionada línea de transmisión de 500 kV entre Itaipú y Villa Hayes, por un monto total de US$ 170 millones –casi el doble de lo que costará la línea de Yacyretá a Villa Hayes–, el ahora detenido Paulo Bernardo Silva integraba el Consejo de Administración de la binacional, al igual que João Vaccari Netto, exsecretario de Finanzas del PT, actualmente preso y condenado.

Silva incluso figuraba como uno de los candidatos más firmes para suceder a Jorge Samek al frente de la Itaipú Binacional durante el segundo mandato de Dilma Rousseff, pero cuando su designación era inminente saltó su nombre en la investigación conocida como “Lava Jato”, por un pedido de 1 millón de reales realizado al exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa. El caso está ligado a la campaña electoral de 2010 para la candidatura de su esposa, la senadora del PT Gleisi Hoffmann. Esta última también está ahora en la mira de la Policía Federal.

Hoffmann fue directora financiera de la Itaipú antes de ser nombrada ministra de la Casa Civil de la Presidencia del Brasil.

En diciembre del año pasado, cuando saltó el escándalo por la supuesta sobrefacturación de la línea de 500 kV de Itaipú, la prensa brasileña recordó que Elecnor, una de las empresas adjudicadas para la obra, aparece asociada a Schahin Engenharia, incluida en el proceso judicial. La pareja tendría nexos con el Grupo Schahin, recurrente en los escándalos de Petrobras, según el exdiputado André Vargas, quien hizo gravísimas acusaciones contra la senadora y su marido, en una entrevista con la revista Veja.