A principios de setiembre de 2014, la SET anunciaba la puesta en vigencia del Sistema de Registros de Auditores Externos Impositivos y de Terceros Autorizados.
La nueva reglamentación obligaba a los auditores a inscribirse a través del siempre cuestionado sistema “Marangatu” y aquellos que deseaban hacerlo debían cumplir los requisitos previstos en la normativa.
Recién a partir de la aceptación de su inscripción, estos podrían ser seleccionados por los contribuyentes para prestar los servicios de auditoría externa impositiva requeridos por la administración.
La resolución fue puesta en marcha por la titular de la SET, Marta González. Un detalle para nada menor es que al momento en el que firmó el cambio de reglas, la viceministra seguía figurando como socia fundadora de la empresa Auditores, Contadores & Consultores (Audicon), una de las firmas que terminó siendo beneficiada con lo establecido.
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Es que Audicon fue de las pocas firmas dedicadas a la auditoría impositiva que enseguida pudo sumarse a la lista de habilitadas. Casi un año después de que se pusiera en vigencia el registro, en junio de 2015, solo diez auditores figuraban entre los que contaban con el visto bueno para operar. La cifra se redujo drásticamente pues anteriormente eran más de 1.000 los auditores.
De acuerdo con datos que constan actualmente en la web de la SET, son poco más de 100 los auditores impositivos habilitados. Es decir, alrededor del diez por ciento de todo el mercado que alguna vez existió.
Con la puesta en marcha de las nuevas reglas de la SET, Audicon, la firma fundada por la hoy viceministra de Tributación vio como el número de competidores se redujo drásticamente.
Los contribuyentes con una facturación igual o superior a 6.000 millones de guaraníes (US$ 1,3 millones) están obligados a presentar un informe de auditoría externa impositiva, según se establece en el artículo 33 de la Ley 2421/04, de Adecuación Fiscal. Esa auditoría debe luego ser aprobada por la SET.
Es decir, González actualmente debe dar el visto bueno al trabajo de una firma que ella misma fundó y que sigue contando entre sus socios a su marido, Jacinto Santa María, el mismo al que llevó como asesor “ad honorem” a la SET.
González seguía figurando en fotografías y en la página web de Audicon como una de sus socias hasta hace algunos meses. Si bien aseguraban en el sitio que había sido apartada de la gestión de la firma para poder cumplir como viceministra, nunca aclararon cuál fue el destino de su parte de la empresa. Mientras tanto, la misma experimentaba un considerable incremento en número de contratos y facturaciones con estatales.
¿Y la transparencia?
Si bien Marta González repite hasta el cansancio la palabra “transparencia” en sus discursos, hasta el momento hay cuestiones sobre las que no ha sido del todo transparente. Uno de esos puntos es cuánto ha facturado la empresa que ella misma fundó en contratos con las binacionales Itaipú y Yacyretá, además de los casi 20 municipios con los que trabajó.
Además, no aclaró si vendió su parte de Audicon, firma que sigue recibiendo millones en contratos con el Estado y que realiza trabajos que ella debe luego revisar como autoridad competente, lo que representa cuando menos un conflicto de intereses. Y si vendió su parte ¿tributó por ello?
Por otro lado, ¿estaría dispuesta la viceministra a presentar su declaración de IRP, impuesto sobre el que tanto insiste?
juan.lezcano@abc.com.py