YBY PYTÃ, Dpto. Canindeyú (Pablo Medina, corresponsal). Líderes campesinos, acompañados por el obispo Mario Melanio Medina y el sacerdote Francisco de Paula Oliva, acordaron durante la audiencia del último viernes con el presidente del Indert, Justo Cárdenas, iniciar un censo para determinar la cantidad de verdaderos beneficiarios de la reforma agraria, incluyendo a presuntos invasores.
A menos de 24 horas de la última negociación en Asunción, los familiares de campesinos caídos en la tragedia del 15 de junio de 2012 convencieron a los invasores para que abandonen la ocupación. Recomendaron activar el acuerdo que permita avanzar hacia la adjudicación de otro inmueble que sería ofertado fuera de la propiedad en conflicto. Un grupo disidente de los familiares de las víctimas del triste suceso incluso ya habían construido precarios campamentos en el lugar, con el propósito de quedarse allí de por vida.
Nueva promesa
El dirigente Jorge Ignacio Ovelar, vocero de campesinos, dijo que se decidió aceptar someterse a un nuevo relevamiento, y que al mismo tiempo se impulse el plan del titular del ente agrario de esperar un dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente (Seam) y saber si dichas tierras son aptas o no para un asentamiento campesino. El titular del Indert prometió oficiar al órgano de control ambiental. Aseveró que los campesinos incluso aceptan que las tierras de Marina Cue se conviertan en reserva natural y como “trueque” recibir parte de las tierras donde actualmente se encuentra instalado el “campamento de resistencia” de los familiares de caídos en la masacre y que forma parte de la propiedad de Campos Morombí.
Sugestivo acuerdo
Según el vocero de los campesinos, Jorge Ignacio Ovelar, el acuerdo firmado el pasado viernes con el titular del Indert, Justo Cárdenas, prevé la liberación de 57 procesados por la masacre ocurrida el 15 de junio del 2012, incluyendo los que están en la cárcel y prófugos. El sugestivo acuerdo entraría al terreno judicial que podría generar consecuencias insospechadas para el país.
Fallo de la Corte
El inmueble ahora libre de ocupantes se encuentra en litigio, porque queda aún pendiente resolver la acción de inconstitucionalidad iniciada por el Estado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que determinará si la familia Riquelme o el Estado paraguayo es titular del dominio del inmueble en disputa.
Recordemos que la propiedad fue donada en 1967 al Estado paraguayo por la firma La Industrial Paraguaya SA (Lipsa). Si bien la donación fue admitida, no fue inscripta en Dirección de Registro Público, y menos la Escribanía Mayor de Gobierno oficializó la escritura traslativa de dominio, lo que desembocó el juicio de usucapión planteada por la firma Campos Morombí contra la firma Lipsa, cuyo fallo a favor fue dictada por el defenestrado juez de Curuguaty, Carlos Goiburú, y confirmada en instancia de apelación. El Indert recurrió ante la máxima instancia judicial con una acción de inconstitucionalidad, que quedó en resolverse aún.