La decisión de rechazo fue adoptada el 20 de octubre con el Decreto número 7903. Esta normativa había tenido sanción ficta en la Cámara de Diputados luego de cuatro años de trabajo de la APER para lograr la ley de referencia.

Según explicaron, el proyecto apuntaba a priorizar el aprovechamiento de uso interno de la energía, la creación de polos de desarrollo, la utilización sostenible de los recursos naturales con los que cuenta el país, la integración energética regional, el aumento de la calidad de la energía, la seguridad energética, el desarrollo de nuevas tecnologías y la obtención de un mejor precio de los sectores, todo esto, con el compromiso nacional de respeto y preservación del medio ambiente.

A consideración de la APER, la promulgación de la ley iba a permitir el inicio una nueva era en la generación de energía en nuestro país. Para el presidente de la APER, Ing. Eduardo Viedma, la reglamentación de la ley, si era promulgada, debía ser consensuada con los actores del sector público, como la ANDE, el Viceministerio de Minas y Energía, y el Consejo Nacional de la Producción y Transporte Independiente de la Energía.

Agregan que esta ley iba a permitir atraer a inversores y empresas de las energías renovables que inicien tratativas con el Gobierno, y este, a su vez, considere proyectos y los estudie a profundidad.