Caso US$ 28 millones cedidos por Esperanza al PNUD irá a la justicia

La Cámara preparará el escrito de denuncia que sería presentado a mediados de la próxima semana.

El diputado patriaqueridista Carlos Soler, dijo que era más que necesario iniciar una investigación ya que se trata de fondos públicos.

“Este organismo (PNUD) cobra un 6% en concepto de gastos administrativos. Es una fortuna lo que se paga en este concepto, además, hasta ahora no han proveído los equipos que se les encargó. Esta señora (Esperanza Martínez) fue una absoluta ineficiente en su administración”, indicó.

Antecedentes de la operación
El 21 de julio de 2009 se firmó un memorándum de acuerdo entre el Ministerio de Salud, a cargo de Martínez, y el PNUD, representado por Lorenzo Jiménez de Luis.

En el documento se establece, entre otras cosas, que la Oficina de Servicios para Proyectos (UNOPS) se encargará de gerenciar varios procesos de contrataciones del ministerio (licitaciones para compra de insumos, medicamentos, vehículos). El monto inicial era de US$ 2.120.000.

Posterior a esto, un punto resaltante y llamativo fue que en un lapso de apenas 60 días (a partir de la firma de la adenda Nº 3 y hasta la adenda Nº 6, ver infografía), el valor del proyecto ha aumentado a US$ 28.030.011, lo que representa un crecimiento del 1.005% con relación al monto inicial.

El acuerdo firmado entre ambas instituciones se sustancia en el marco de la Ley 686/77 que aprueba y ratifica el acuerdo de asistencia técnica entre la República del Paraguay y el PNUD.

Esta ley establece que el PNUD solo prestará asistencia en virtud de este acuerdo en respuesta a solicitudes presentadas por el gobierno y aprobadas por el organismo.

“Se concederá tal asistencia al gobierno o la entidad que el gobierno designe y se proporcionará y recibirá de conformidad a las resoluciones y decisiones pertinentes y aplicables de los órganos competentes del PNUD y a reserva que el PNUD disponga de los fondos necesarios”, dice la normativa.

Pero, el acuerdo firmado por la exministra, en representación del gobierno paraguayo, no cuenta con un decreto del Poder Ejecutivo y, además, compromete fondos del Estado para financiar el 100% del proyecto.

La comisión por el trabajo
A esto se suma que el gerenciamiento de los procesos de contrataciones tiene un costo del 6% del valor total del proyecto. Hoy día dicho concepto alcanza la suma de US$ 1.586.596.

En su momento, el representante del PNUD, Jiménez de Luis, afirmó que lo que existe en varios procedimientos es una política de recuperación de costos aprobada por los Estados Miembros, y no precisamente se pretende lucrar.

Pero desde el momento en que el organismo percibe el 6% por gerenciar las licitaciones, automáticamente se constituye en un sobrecosto, teniendo en cuenta que todas las instituciones públicas cuentan con sus respectivas Unidades Operativas de Contrataciones, que están para hacer ese trabajo, que en este caso es cedido al PNUD, invocando un acuerdo internacional.

Esta también fue la interpretación que hizo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que ya sentó postura sobre el tema, ya que el PNUD, antes de ofrecer una asistencia técnica a las instituciones, está supliendo roles que competen exclusivamente a las dependencias públicas.

Nuevo ministro pidió informe
El nuevo titular de Contrataciones Douglas Onetto remitió un informe al ministro de Salud, Antonio Arbo, en el que especifica que ya se transfirieron al organismo internacional G. 55 mil millones y que quedan por transferir G. 21 mil millones. Para ejecutar esta operación, la exsecretaria de Estado violentó varias normas administrativas, incluso ignoró un dictamen del Ministerio de Hacienda en el que le señalaba cómo debió utilizar ese dinero que formaba parte de su presupuesto anual.

Tras el pedido de Arbo, Contrataciones señala que el caso pone de manifiesto la ausencia de un criterio coherente aplicable al conjunto de instituciones del Estado acerca de la realización de operaciones de contratación pública a través de la UNOP.

Hacienda advirtió la operación

La exministra de Salud había solicitado una consulta vinculante al Ministerio de Hacienda, para la correcta imputación presupuestaria sobre el pago de adquisición de ambulancias y equipos médicos. Hacienda le contesta que conforme al Art. 168 y 169 “Programas y proyectos administrados por organismos internacionales del Decreto 6.071/2011, que reglamenta La Ley Anual de Presupuesto Nº 4.249/2011 que los organismos y entidades del Estado”, deben contar con un programa o con proyecto. Esta recomendación no se cumplió.