La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) informó que está desarrollando un estudio económico para la ejecución de la reconstrucción y mejoramiento de la Ruta Transchaco y que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) participan del desarrollo de ese proyecto, con el objetivo de agilizarlo. La propuesta prevé -como una alternativa más económica- la emisión de bonos para el financiamiento de la misma.
De acuerdo con el plan, los bonos se emitirían de manera anual por montos de alrededor de US$ 150 millones, a lo largo de 3 años, alcanzando en su totalidad US$ 450 millones, que corresponden a los fondos necesarios para la ejecución de una ruta de alta calidad, que permita la circulación rápida y segura y que potencie la capacidad económica de la región chaqueña.
Los puntos más críticos
Emilio Gill, presidente de Cavialpa, explicó que ven como una alternativa favorable un nuevo llamado a licitación que divida las obras en cinco tramos. Gill dijo que es urgente una intervención para el mantenimiento de 180 kilómetros del tramo. Asimismo, comentó que desde el kilómetro 326 hasta el kilómetro 400, y desde el kilómetro 500 en adelante, se encuentran las partes más críticas.
Pedido unánime
El pasado 22 de diciembre los representantes de diferentes gremios de la producción y del transporte se reunieron en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para exigir la reparación de la ruta.
Estuvieron presentes en la reunión representantes de la Unión de Gremios de la Producción, Federación de Cooperativas de la Producción, Cooperativas del Chaco, Asociación de Transportistas de Ganado, las empresas de transporte de pasajeros, ganaderos de la región e incluso representantes del Gobierno, como el viceministro de Obras del MOPC, Juan Manuel Cano, entre otros.
Fracasos a cuestas
La reconstrucción de la Transchaco es un proyecto que tiene un historial de fracasos a cuestas. Uno de ellos fue el que se ejecutó durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y en el que la ruta comenzó a deteriorarse incluso antes de su habilitación.
El último intento, que también fracasó, fue la licitación hecha este año por la Ley 5074, cancelada por el Ministerio de Hacienda porque el altísimo costo financiero resultaba muy desventajoso para el país.