La nota 4572 suscrita por el contralor Roy Rodgers Canás pide al secretario de Estado implementar procesos investigativos internos correspondientes, y en caso de determinar el incumplimiento de sus deberes y obligaciones por parte de algún servidor público, iniciar los procesos administrativos sancionatorios correspondientes.
Señala igualmente que de darse las circunstancias, deberán iniciar las acciones pertinentes a fin de proceder a recuperar y resarcir los daños por pagos mal efectuados, no percibidos y/o retenidos indebidamente por la entidad auditada, acorde a la naturaleza de cada observación expuesta, debiendo remitir un informe pormenorizado sobre las resultas de los mismos al órgano superior de control. Recomienda al ministro Peña Palacios que si de las resultas de la investigación efectuadas surgieran indicios de responsabilidad civil y/o penal de los funcionarios intervinientes en el proceso observado; como asimismo de aquellos que han dejado de pertenecer al plantel de funcionarios de esa institución, promover las acciones jurisdiccionales que correspondan y efectuar la denuncia ante la autoridad pertinente, en su caso.
El resumen ejecutivo del examen especial 2015 detectó, entre otras cosas, aumento realizado por el Congreso al proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, sin la debida justificación; transferencia de recursos de Fonacide, G. 205.324.474.597, por decreto del Ejecutivo; Hacienda no pudo identificar a qué organismos y entidades del Estado distribuyó G. 965.126.525.630, correspondiente al 50% de recursos de royalties de 2015.
Por otro lado, en una auditoría al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), ejercicio 2015, la Contraloría detectó irregularidades, diferencias y millonarias adjudicaciones de combustibles, correspondientes a la gestión de Hugo Ydoyaga, titular del ente.
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El informe consigna que se hallaron diferencias de G. 752.058.082 en ingresos tributarios, Ley 808/96, de los meses de abril, julio, septiembre y diciembre de 2015.