La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó en su auditoría financiera a la ANDE la falta de cumplimiento de la legislación tributaria, que derivó en el pago de G. 213.587.133.180 (unos US$ 38 millones), que incluyen la multa por mora e intereses, como consecuencia de la subdeclaración del impuesto al valor agregado (IVA) durante los ejercicios del 2003 al 2007. En ese periodo, la Gerencia Financiera de la ANDE estaba a cargo del actual presidente, Ing. Víctor Romero Solís, y en la coordinación del departamento, la licenciada Sonia Rojas de Hayes, quien en la actualidad ocupa dicha gerencia.
Cabe mencionar que la Ley 966 que crea la ANDE y establece su Carta Orgánica, señala claramente en su artículo 34, que “la Gerencia Financiera tendrá a su cargo la contabilidad y los balances de la empresa, el manejo y vigilancia de los fondos y valores, la elaboración y control, en colaboración con las otras gerencias, de los presupuestos generales, y el registro y verificación de los inventarios de bienes en servicios o depósito”.
Precisamente en su informe final, la CGR pone en evidencia la negligente gestión de la gerencia financiera de la ANDE al señalar que “en abierta ilegalidad registró los cálculos estimados de intereses y mora correspondientes al periodo 2003-2008, en Cuentas de Orden a nombre de la Subsecretaría de Tributación al cierre del balance del ejercicio fiscal 2014, situación irregular por tratarse de una obligación real y exigible a la entidad”, por tanto, debía ser expuesta en su pasivo; además nuevamente omitió exponer en sus estados contables la provisión de los importes aproximados relativos a las infracciones tributarias para afrontar los pagos que estaría obligado a realizar, producto de las rectificaciones de las liquidaciones del IVA.
Como consecuencia de estas graves irregularidades, el organismo de control recomendó al presidente de la ANDE la instrucción de un sumario para determinar las responsabilidades de los funcionarios. Sin embargo, esta sugerencia no fue tenida en cuenta por el ingeniero Romero Solís, tal vez porque le afectaba directamente.
En cambio, para “blanquear” la situación se optó por firmar un acuerdo institucional con el Ministerio de Hacienda en fecha 12 de enero de 2016 para que el importe adeudado por ANDE al fisco se utilice para cancelar parte de la deuda de las instituciones públicas por el suministro de energía eléctrica. También el Ministerio de Hacienda se comprometió a exonerar excepcionalmente a la ANDE de presentar documentos respaldatorios detallados para incluirlos en el Hechauka hasta diciembre de 2017.