Los funcionarios de la petrolera estatal no solamente perciben millonarios salarios, dos aguinaldos por año, insólitos premios, bonificaciones varias y combustibles gratis, sino que también la jubilación, porque la petrolera estatal utiliza el dinero público para absorber el aporte que deberían pagar los casi mil funcionarios que posee la estatal.
Este privilegio está sustentado en un polémico Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, irregular desde todo punto de vista, porque ningún contrato colectivo puede sobreponerse a una ley, para beneficiar a sus funcionarios.
Se trata del mismo “contrato colectivo” por el cual recientemente se autoasignaron en la petrolera estatal millonarios premios “por la baja de la cotización internacional del petróleo”.
Con relación al pago del 9% del aporte obrero patronal al IPS, que corresponde abonar al funcionario, pero que en este caso lo paga Petropar con el dinero de todos los paraguayos, ningún titular o administrador que pasó por la entidad denunció dicha irregularidad, porque este beneficio “fue la moneda de cambio” con los sindicalistas, cuyo silencio ante los numerosos hechos de corrupción eran “pagados” de esta manera.
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El pueblo carga con los G. 5.200 millones al año
El pago en concepto del aporte obrero que deberían realizar los funcionarios del ente le cuesta a la ciudadanía unos G. 5.200 millones por año, por el 9% que dejan de abonar.
En total, la petrolera estatal aporta al año al IPS, tanto por el 9% –que irregularmente absorbe en sustitución de sus funcionarios– y por el 16,5% que legalmente le corresponde en concepto del aporte patronal, unos G. 14.734.328.148 (US$ 2.527.329 al cambio actual), de los cuales G. 5.200.351.116 (US$ 891.998) es absolutamente irregular. Los salarios mensuales de los funcionarios de Petropar constituyen un total de G. 4.815.139.920, tanto para los funcionarios permanentes como contratados.
Este irregular beneficio es pagado en Petropar prácticamente desde su creación.
Sin embargo, se trata del secreto mejor guardado de todos los tiempos, porque si el dato trascendía podrían arriesgar el millonario beneficio que ilegalmente se alzan, en detrimento de la ciudadanía.
Llama también la atención la poca relevancia que tiene en nuestro país los dictámenes de la Contraloría General de la República, ya que en varias ocasiones cuestionó el hecho, pero nunca trascendió. Todos los administradores que pasaron por la entidad también hicieron caso omiso de sus recomendaciones, argumentando que se trataba “de un derecho adquirido de los trabajadores”. Así, en varios cuestionamientos respondieron que este beneficio se encuentra contemplado en todos los contratos colectivos suscriptos entre los trabajadores de la estatal y los diferentes sindicatos (Art. 16 SINTRAPP, SITRPPAL y SITRATUR, y Art. 15 SIPROPPAR).
Si el Presidente de la República quiere en verdad hacer algo para proteger el dinero público debería empezar a mirar a Petropar, que es el peor ejemplo de la desigualdad de tantos años generada por la corrupción y el prebendarismo.
nsanchez@abc.com.py