La colonia Tapeporã ocupa una superficie de 700 hectáreas; se encuentra localizada en el distrito de San Alberto, Alto Paraná.
Los pobladores enfrentan un delirante conflicto judicial: un abogado que representa a un muerto logró una orden de desalojo para expulsarlos de sus hogares.
Y la jefatura departamental de la Policía Nacional tiene un sospechoso apuro por ejecutar el mandato judicial; el comandante departamental es el comisario general Jorge Fernández Arévalos.
El señor Heriberto Lezcano murió el 10 de septiembre de 2008, siendo supuestamente propietario de 700 hectáreas en la colonia Tapeporã.
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El Abog. Venancio López logra una orden judicial de desalojo el 11 de julio de 2018; el documento está caduco en este momento.
Pasaron 10 años de la muerte de Heriberto Lezcano cuando aparece un mandato para expulsar a 47 colonos de sus tierras.
¿Quién es el abogado Venancio López? López fue camarista y logró triste notoriedad cuando integró el tribunal que autorizó la salida de Vilmar Acosta de la cárcel, acusado de homicidio, para presentarse como candidato a intendente en Ypehú.
En los primeros días de marzo de 2011, la cámara de apelaciones ordenó la libertad de aquel reo: Venancio López era presidente del tribunal; los demás integrantes eran Rosalinda Guens y Justo Pastor Benítez.
Vilmar Acosta fue condenado, posteriormente, a 39 años de prisión por el asesinato de nuestro corresponsal en Curuguaty, Pablo Medina, y de Antonia Almada.
El Código Procesal Civil establece en forma contundente que la representación legal finaliza con el fallecimiento de la persona que extendió el poder.
Pasaron 10 años de la muerte de Heriberto Lezcano y el Abog. Venancio López sigue hablando en su nombre y representación.
Aquí justamente surgió un tema insalvable para el comisario general Jorge Fernández Arévalos: no tenía a quién entregar la tierra porque el titular está muerto.
Pero esto no es un problema para el jefe policial. La cuestión es desalojar a las 47 familias y que luego ellas se vean con su problema; todo debe realizarse en enero, antes del final de la feria judicial.
No puede faltar un juez
No puede faltar un juez en esta historia: Aníbal Duarte, del juzgado de Minga Porã, Alto Paraná, firmó la orden de desalojo de los colonos.
Aníbal Duarte, sin tener en sus manos una sentencia firme contra las 47 familias, ordena la intervención del oficial de justicia con apoyo de la fuerza pública para expulsarlos de sus hogares.
El juez Aníbal Duarte es muy conocido en Alto Paraná: no tiene inconvenientes en tomar cuanto caso le presenten sin importar cuestiones banales como legitimidad y legalidad.
Familias en zozobra
La colonia Tapeporã fue creada por el entonces Instituto de Bienestar Rural, actual Indert; se habilitó la colonización en los primeros meses de 1980.
El IBR entregó títulos de propiedad y la documentación de los 47 colonos está en regla.
El problema surgió con la aparición en 1997 de un título de propiedad en manos del ciudadano filipino Ricardo Crespo, de quién no se tiene ninguna otra información.
El filipino “vende” 700 hectáreas en San Alberto, Alto Paraná, al paraguayo Ángel Chamorro.
Chamorro, a su vez, vende el documento a Heriberto Lezcano y al abogado Eitel Edelmiro Khron Gysin.
Heriberto Lezcano muere en septiembre de 2008 y en junio de 2018 Venancio López consigue el desalojo; la Policía apurada por cumplir.
roque@abc.com.py