Compra de Petropar burlaría Ley 2051

El nuevo “negocio” que pretende Petropar, de comprar 60 estaciones de servicio del emblema Axion Energy, burlaría el espíritu de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, pues en lugar de licitar para obtener la mejor oferta, apelarían a la excepción.

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De comprar 60 estaciones de servicio de Axion Energy Paraguay, la petrolera estatal Petropar lo haría a través de una contratación directa por vía de la excepción y, según el dato no oficial, el monto ofrecido a la compañía es de US$ 60 millones por esa red de estaciones. El “negocio” todavía no ha sido concretado y oficialmente se rehúsan a dar los números precisos de la operación y los nombres involucrados.

No obstante, nuestro diario se comunicó ayer con el exdirector de Contrataciones Públicas Abog. Pablo Seitz, para consultarle sobre el alcance del artículo 33 de la Ley 2051, que habla de los casos permitidos para una excepción. Esto fue lo que respondió: “Llevar adelante un proyecto como ese, es a todas luces una mala gestión administrativa, por decir lo menos. No podés pensar en destinar US$ 60 millones sin pensar si existe forma de mejorar precios en un sistema de libre competencia”.

Según los datos, la ley permite obviar la competencia de oferentes para una contratación directa, pero aclara que “no podrán invocarse razones técnicas para la adquisición o locación de bienes cuando existan en el mercado más de un oferente que pueda satisfacer adecuadamente los requerimientos de la convocante”.

Convocantes mienten

“Cada inciso del artículo 33 tiene muchos casos en los cuales se usan mal. (Las convocantes) alegan razones técnicas y te mienten en la cara y pasa una contratación por excepción, cuando en realidad tiene varios oferentes y esconden eso y terminan comprando lo que quieren. Se usa muy mal ese artículo y es muy peligroso”, resaltó Seitz. Agregó que si se pueden determinar criterios objetivos de lo que se quiere comprar (ejemplo: estaciones de servicio ubicadas en un eje determinado de avenidas, en una ciudad específica, capacidad de despacho, flujo de vehículos, etc.) y con eso conseguir más de un oferente, no aplica la excepcionalidad.

“Un buen administrador, por lo menos tendría que llamar a una licitación para ver si hay oferentes en el mercado que tengan a disposición las estaciones de servicio, con los m2 y con la capacidad de distribución de combustible que ellos están buscando. En el caso de Petropar, donde hay un proyecto a largo plazo, no pueden plantear ahora una compra por vía de la excepción de una red de estaciones de servicio, sin tener la información sobre si existe o no en el mercado otras estaciones que podrían estar interesadas en vender, en el marco de una situación de oferta y demanda en libre competencia”, subrayó el abogado, quien sostiene que lo grave de una excepción es que quiebra la regla fundamental de comprar al mejor postor que haya satisfecho las condiciones legales y financieras requeridas.

Cerrar DNCP

“Si Petropar no muestra la razón técnica para comprar en lugar de construir de cero y, segundo, que no existe otro posible oferente para vender estaciones de servicio, no tendría que permitírsele ese modo de compra. Y si Contrataciones Públicas le llega a levantar el pulgar a esta contratación directa sin una justificación adecuada, cerrá nomás la oficina de Contrataciones, que cuesta bien caro. Cuesta 10 millones de dólares al año esa oficina. Entonces anulá nomás ese sistema y hacé lo que quieras en cada institución; por lo menos te va a salir más barato”, aseveró.

Jara opina lo contrario

En conversación con ABC, Eddie Jara dijo ayer que no comparte la opinión del abogado. “No estoy de acuerdo con esa opinión. Pero si llegase la oportunidad, se justificará el motivo con todos los argumentos que entendemos validan la excepcionalidad, y las áreas técnicas evaluarán si estamos en lo correcto o no”, señaló.

Consultado cuándo se informará si deciden llevar adelante o no el negocio, respondió que aún no hay fecha determinada, pero cuando haya, la socializará.

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