El inmueble vendido por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) mide 1.496 m2 y está ubicado en la compañía sexta de Posta Yvykua, a la altura del Km 20 de la Ruta I, distrito de Capiatá.
Al respecto, el intendente González dijo ayer a nuestro diario que toda esa área está totalmente urbanizada y que pedirá informes sobre el caso, ya que es de competencia municipal. “O, si no, vamos a dejarle nomás ya al Indert que administre Capiatá”, afirmó con cierta ironía.
Posteriormente conversamos con el gerente general del ente agrario, Carlos Liseras, y este afirmó que “en los papeles todo está bien, porque todo el circuito administrativo, técnico, jurídico y judicial fue realizado totalmente”.
Explicó que si bien las tierras se adjudicaron en el 2014 durante la administración actual, de Justo Cárdenas, el expediente se inició en el 2010, a nombre de la beneficiaria Emilia Alfonso de Giménez. En ese sentido reiteró que se cumplieron con todos los requisitos para la adjudicación y hasta se realizó una mensura judicial, que derivó primero en la titulación a nombre del ente (padrón 37.339 de Capiatá) y posterior transferencia.
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Añadió que Geodesia del Ministerio de Obras Públicas aprobó la mensura y, como institución técnica competente, era la encargada de decir si no correspondía la titulación por tratarse de un bien de dominio público.
“La documentación que tenemos dice que no es franja de protección del arroyo”, insistió el gerente, pero otras mediciones judiciales hechas por vecinos del lugar sí identifican de esa manera a esta área.
Según los datos, en este expediente también hubo un informe de verificación in situ hecho por funcionarios de la agencia regional del Indert del departamento Central, quienes recomendaban la adjudicación con el argumento de que las tierras estaban supuestamente ocupadas por la solicitante, con mejoras, producción agrícola y árboles frutales.
Pero en el lugar solo hay una construcción abandonada, en ningún momento hubo ocupación y tampoco plantaciones.
Sobre el punto Liseras señaló que si hubo un informe falseado, cada funcionario deberá responder por sus acciones, aunque no habló de iniciar ningún sumario a los involucrados, específicamente el Ing. Agr. Jorge González y Lidia Sánchez, de la agencia regional.
Añadió que si se va a tomar una determinación sobre este caso, corresponderá a una decisión de Cárdenas, que hasta el momento no se ha expedido al respecto.
“Venta” por ínfima suma
La cotización del Indert fue de G. 3 millones por ha, y considerando la superficie de 1.496 m2, la venta fue por menos de G. 450.000. Se desconoce si hubo otras transacciones irregulares sobre el título, atendiendo que en la zona los terrenos se ofrecen a unos G. 100 millones, y en este caso, con una superficie equivalente a cuatro lotes, alcanzaría unos G. 400 millones.