Cárdenas habló esta semana de obras realizadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el año 2005, a través de licitaciones, en los asentamientos ex-Cardus y ex-Amarilla (departamento San Pedro) y San Marcos y Olla Rugua (Caaguazú), que costaron entre G. 493 millones y G. 695 millones. Sin embargo, no explicó de qué tipo de sistemas de agua potable se tratan, cuántos fueron los beneficiarios, la capacidad de los equipos y otras características técnicas, de modo a tener los mismos parámetros para una comparación lógica.
Más allá de eso, otros datos actuales señalan que, por ejemplo, el ente pagó mucho menos por el sistema de agua potable instalado en Santa Lucía de Itakyry, Alto Paraná, la famosa “colonia modelo” tan promocionada por la administración de Cárdenas. De hecho, de acuerdo con los informes que se pueden verificar en el portal de Contrataciones Públicas, el sistema de agua construido en dicha colonia, también por licitación, estuvo a cargo del Ing. Luis Miguel Portillo Kaufman y tuvo un costo de G. 372 millones.
Originalmente, el contratista había sido adjudicado para construir la misma obra en un asentamiento denominado “Adán y Eva” del distrito de Naranjal, Alto Paraná, pero el procedimiento de cambio de sitio de la obra fue acordado a través de una adenda, firmada por Cárdenas en setiembre de 2013. Asimismo, otras obras encaradas por el Indert en 2011 a través de licitaciones costaron menos de G. 300 millones. Según la Resolución 2576, se adjudicó a la empresa SG SRL para construir pozos en los asentamientos Py’a Guapy y Tava Guaraní de San Pedro, por G. 284 millones y G. 295 millones, respectivamente; Hidro Servic SRL, por G. 288 millones para trabajos en San Bernardo del mismo departamento; en tanto que Hidroelectromecánica lo hizo por G. 239 millones y G. 248 millones en San Juan y en la localidad llamada ex-Zaputovich 1 de Paraguarí.
En contrapartida, según el dato oficial, para construir ocho sistemas de agua en San Pedro, Cárdenas entregó G. 5.141.564.956 a la Fundación Reseda Poty, que da un promedio de G. 643 millones por obra; así también, pagó G. 3.702.310.700 a la Asoc. Alto Forest para seis pozos, es decir, a un promedio de G. 740 millones.
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Estos números indican que en definitiva, la intermediación innecesaria de las ONGs encarece las obras y provoca un mal uso de los recursos estatales; además, el mecanismo utilizado actualmente en el Indert viola principios de libre competencia y transparencia establecidos en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, que rigen incluso para compras que no pasan por licitación.
Reuniones con gremios
El Indert informó ayer que se reunirá el próximo martes 31 con la Unión de Gremios de la Producción (UGP) para brindar datos sobre la construcción de los sistemas de agua potable, que están ahora en el ojo de las críticas por aparente mal uso de recursos.
Posteriormente, la administración del instituto tiene previsto hacer lo mismo con organizaciones campesinas y anuncia también una audiencia pública.