Con “certeza constitucional”, MOPC pretende validar cuestionada APP

Por medio de la “certeza constitucional”, una figura inexistente en nuestra legislación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pretende que la Corte le dé luz verde para continuar con la licitación del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, vía APP. Con esto, aparentemente el ministro Ramón Jiménez Gaona busca respaldarse debido a que, contra viento y marea, quiere adjudicar el proceso a la criticada empresa española Sacyr.

En un informe oficial de la cartera, Jiménez Gaona sostiene que el proceso de licitación “se lleva adelante con transparencia, dentro del más absoluto respeto a las normas legales que rigen la materia, por lo que no corresponde la cancelación recomendada por la Contraloría General de la República (CGR)”.

Inclusive, la cartera demerita una vez más al ente de control al decir que éste “se ha extralimitado” en el ejercicio de sus funciones y que con ello “ha socavado” todo un procedimiento establecido para un concurso de APP en la propia Ley 5102, en el decreto reglamentario y las demás leyes afines.

Sin embargo, se ha demostrado a través de denuncias ante la prensa, ante el Congreso y en el propio análisis que hizo la CGR que la APP está plagada de irregularidades, como por ejemplo, la violación al propio PBC que habla de descalificar a empresas con antecedentes de incumplimientos, como es el caso de Sacyr, a la que, sin embargo, la dejaron competir.

En lo que respecta a la “certeza constitucional”, el abogado Osvaldo Granada, manifestó ayer que “es una muleta que inventó la Corte para darle una dimensión que no tiene nuestra Constitución”. El constitucionalista señaló que tras la aparición de ese recurso, se lo viene utilizando de forma “perversa”. Granada recordó que en marzo pasado, los ministros José Raúl Torres Kirmser, Sindulfo Blanco, Miguel Oscar Bajac y Luis María Benítez Riera recurrieron a la “certeza constitucional” para ser declarados inamovibles hasta cumplir los 75 años, edad límite para ejercer un cargo judicial. También se usó esta figura para validar el endeudamiento vía bonos.

Objeciones de la Contraloría

Luego de tratar de respaldarse con una resolución del Tribunal de Cuentas y ver que esa instancia no corresponde, y tras no acatar el dictamen de la Contraloría, el MOPC recurrió a la Corte.

Aún así, sigue vigente el dictamen del ente contralor que cuestionó a la cartera por omitir un proceso de precalificación de empresas, lo que derivó en que se presentaran oferentes que no estaban en condiciones de competir, entre ellos, Sacyr, que tiene procesos contractuales en varias partes del mundo. También se cuestionó la falta de coherencia entre las disposiciones de la Ley de APP, el decreto reglamentario y las disposiciones del PBC.