Las licitaciones de las rutas 2 y 7, ya adjudicada, y del aeropuerto, a punto de adjudicarse, están dejando a varios funcionarios en una eventual situación de penalmente responsables, ya que estamparon firmas y sellos en instrumentos públicos de contenido falso. Es el caso de Claudia Centurión, miembro del comité evaluador de las dos APP, que en un documento (ya publicado por este diario) admite estar al tanto de los antecedentes de incumplimiento de Sacyr en España y de las sentencias que la empresa tiene en contra.

También es el caso de Dionisio Mereles, director jurídico, y de Macarena Duarte, quienes en un dictamen que el MOPC utiliza para justificar la entrega del aeropuerto por 30 años a Sacyr, niegan el vínculo de la empresa con una sociedad que incumplió en España (ver facsímil).

El documento público, que tiene la firma y sello de Mereles y de Duarte, sostiene que “la empresa Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia SA no tiene acciones en la empresa Sacyr SL, ni esta en aquella. Por tanto no existiría una vinculación directa entre ambas”.

Este vínculo, que según el pliego, la ley de APP y el decreto reglamentario impide a Sacyr ser oferente, fue reconocido por los propios representantes de la compañía.

En su oferta para el aeropuerto, que obra en poder del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Sacyr acompañó un informe de la auditoría practicada en el periodo 2015 por la firma Ernst&Young y que evidencia que poseen el 67% de las acciones de la sociedad que tuvo problemas en Murcia. En una entrevista en este diario, los representantes de la compañía también habían reconocido ser socios mayoritarios.

Decididos a segundo “negocio”

Tras haber suscrito esta semana el contrato con un consorcio liderado por Sacyr para la ampliación y explotación de las rutas 2 y 7 por 30 años, el ministro Jiménez Gaona quiere otorgarle también el aeropuerto Silvio Pettirossi.

Como la licitación del aeropuerto estuvo salpicada por múltiples denuncias de irregularidades desde un principio, que motivaron una intervención de Contraloría, el MOPC espera un dictamen favorable de esa institución para sustentar la adjudicación.

Fuentes cercanas al Ministerio y a la Contraloría hablan de que los auditores que intervinieron se niegan a firmar un dictamen favorable, lo que está retrasando el proceso para el MOPC.

Las fuentes también mencionaron que el MOPC estaría buscando excluir a toda costa a representantes de la Dinac contrarios a la entrega del aeropuerto, a fin de poder, finalmente, firmar contrato.