Ante la versión de que la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) estaría tramitando una ley (especial) para comprar el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, propiedad del Instituto, Cataldo afirmó: “Yo personalmente no estaría de acuerdo con eso, aunque no me extrañaría que haya algo por ahí. Además, a nivel del consejo no hay nada, y algo así debe ser aprobado previamente por el consejo”.
Preguntado cuándo fue que la Senavitat planteó la posibilidad de la compra, el representante del sector empresarial recordó que hace un par de meses “se tocó” el tema, pero que esa propiedad ya no es para hacer viviendas económicas, “ni mucho menos”, por el valor que tiene actualmente. “Hace 20 años sí pudo haber sido, pero hoy no. Eso sería un absurdo, a menos que sea una venta a un ‘súper precio’ y que después hagan lo que quieran, porque para el IPS tiene que tener una rentabilidad muy importante”, enfatizó.
Requerido si el planteamiento realizado por la Senavitat, hace dos meses, fue rechazado o no por el consejo, Cataldo recordó que, de hecho, ni siquiera se trató, “y que yo sepa no hay ninguna resolución al respecto”.
El consejero agregó que ante cualquier posibilidad de enajenación, que hoy no es posible legalmente, como mínimo será necesaria una licitación para que el proceso sea transparente y que allí la Senavitat haga su oferta, entre otros interesados. “Que salga una ley, y luego que el IPS le ponga un valor base a esa propiedad, y si sobre esa base alguien hace la mejor oferta, entonces gana”, expresó.
Al señalársele que se estaría dando la impresión de que se sancionaría una “ley especial” que permita transferir directamente dicho inmueble a la Senavitat, sin la posibilidad de una competencia de oferentes, Cataldo contestó: “En el Parlamento puede ocurrir cualquier cosa, pero yo no voy a aceptar una imposición de ese tipo. Ellos no pueden meter la mano en el bolsillo del IPS, eso no puede ser así. Además, no creo que los trabajadores y los jubilados se queden tranquilos, porque mañana pueden decir que necesitan una nueva sede para el Parlamento y entonces sacan una ley que obliga al IPS que pague. Es más, una ley así debería ser atacada por inconstitucionalidad”, afirmó.
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Algunos números
El complejo de referencia está asentado sobre un predio de 23 hectáreas, aproximadamente, sobre la ruta Transchaco.
Con sus 36.563 metros cuadrados construidos, la estructura está preparada para 3.500 departamentos, de uno y dos ambientes. Originalmente se pensó como público meta del proyecto a gente de clase media-baja, con dos o tres salarios mínimos de ingreso y que no tuvieran casa propia. Sin embargo, con el progreso alcanzado en la zona, el proyecto inicial quedó obsoleto, según los expertos.
El IPS lo recibió del quebrado Banco Nacional de Trabajadores (BNT) por unos G. 55.000 millones de guaraníes, en agosto del año 2000 (alrededor de US$ 26 millones, al cambio de la época), como parte de sus acreencias. Entre las fortalezas del complejo resaltan la ubicación, calificada de “excelente”, la accesibilidad, los servicios básicos disponibles y la calidad de la construcción.
Ayudaría a paliar el déficit, dice Rolón
Para el ministro secretario de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), Gerardo Rolón Pose, el complejo de Mariano Roque Alonso, propiedad del IPS, puede convertirse en una “miniciudad” con capacidad para albergar a unas 15.000 personas, si se hacen los arreglos necesarios y las inversiones exigidas para tener un proyecto habitacional en el lugar.
Según el titular de la Senavitat, el Complejo puede ayudar a paliar el gran déficit habitacional que se tiene en el departamento Central, con unos 200 asentamientos cuyos pobladores oscilan entre la pobreza y pobreza extrema.
A eso se suman unas 10.000 personas que requieren de viviendas propias y nuevas en este departamento, según Rolón Pose.
El funcionario recordó que un grupo de parlamentarios presentó tiempo atrás un proyecto de ley para enajenar el complejo a favor de Senavitat, para poder utilizarlo. “Nosotros estamos en condiciones de comprar el inmueble por unos US$ 16 millones, que es el proyecto inicial que habíamos presentado. Ese Complejo tiene 3.500 departamentos que pueden ser bien utilizados para dar solución habitacional a mucha gente que requiere actualmente de una vivienda digna en el país”, aseguró el titular de la Senavitat.