La resolución del Consejo de la EBY data del mes de agosto de 2012 y asigna a los consejeros un resarcimiento por renuncia o finalización de mandato. La medida los equiparaba al régimen de planta permanente cuando se trata de designaciones políticas, que incluso requieren para su nombramiento de decreto presidencial, señalaron los asesores jurídicos de la EBY en el lado argentino.

Agregan que, incluso, esa resolución administrativa imponía que “adicionalmente, ese monto indemnizatorio se duplicaba en el caso de superar los diez años” y como todos los consejeros de la era kirchnerista tenían más de diez años en sus cargos, se beneficiaron aún más.

Según publicó ayer el portal Misiones Cuatro, las nuevas autoridades argentinas de la binacional, encabezados por Humberto Schiavoni, analizan la posibilidad de remitir los antecedentes a la Procuradoría General de Justicia y a la Oficina Anticorrupción del Gobierno.

Los consejeros argentinos Daniel Muguerza, Mirta Susana Monti, Jorge Antonio Romero y Raúl María Noceti cobraron en diciembre del año pasado, al retirarse del cargo, unos 4 millones de pesos cada uno, que al cambio actual son US$ 285.000, lo que da un total de casi US$ 1,5 millones, cuyo pago en el lado argentino fue aprobado por el exdirector ejecutivo de la EBY, Óscar Thomas.

Los consejeros paraguayos que aprobaron en su momento la polémica resolución fueron Juan M. Benítez Florentín (+), Guillermo López Flores, Guido Reckziegel y Rubén Ocampos.

Luego del reclamo de las nuevas autoridades argentinas, la misma fue anulada, confirmó ayer a ABC Color la consejera Sheila Abed. “En la primera sesión del Consejo que tuvimos este año se anuló la resolución e incluso redactamos un nuevo texto que prohíbe –por la naturaleza del cargo– que se pueda volver a dar una maniobra así”, señaló.

Abed no supo precisar si los cuatro consejeros anteriores llegaron a cobrar el monto de la indemnización, pero la prensa argentina asegura que lo hicieron en diciembre.