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El pago fue autorizado por el Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) el pasado lunes 3. La resolución respectiva fue enviada inmediatamente al Ministerio de Hacienda a fin de efectivizar el desembolso de G. 22.000.000.000 a la empresa Cipasa, representada por Roberto Antebi.
La decisión de abonar el citado monto forma parte de un acuerdo transaccional entre Indert y Cipasa, con el objeto de poner fin al juicio que mantiene la citada empresa contra el Estado paraguayo por un monto de G. 66.205.632.896 en concepto de intereses.
Se trata de una deuda contraída por la expropiación de unas 200.000 hectáreas de tierras que debían haber sido destinadas a la reforma agraria. Sin embargo, las tierras son de casi nulo valor para la agricultura.
El acuerdo dice que se deberá abonar los G. 66.000 millones en tres cuotas. La primera, G. 22.000.000.000, en diciembre de este año y las restantes dos en el transcurso del año 2019.
El acuerdo fue suscrito entre el titular del Indert, Horacio Manuel Torres Benítez, en representación del Gobierno, y por Roberto Antebi, en representación de Cipasa.
Lo inusitado de toda esa operación es la celeridad con que se autorizó el desembolso y su inmediata remisión al Ministerio de Hacienda para efectivizar el pago a la citada empresa.
Además, tampoco se dio participación a la Procuraduría General de la República, entidad que tendría que analizar detalladamente la operación y dictaminar si corresponde o no el pago, atendiendo el millonario monto del acuerdo.
Otro hecho llamativo es que en el año 2015 el Indert ya había pagado G. 13.500 millones a Cipasa en concepto de intereses. Sin embargo, ahora se pretende de nuevo pagar un millonario monto en concepto de intereses.
El acuerdo suscrito el pasado 20 de noviembre entre Indert y Cipasa expresa que en el citado juicio, de resultar perdidoso el demandado, el Estado paraguayo, debería abonar un millonario monto de dinero. El documento menciona la suma de G. 404.814.708.504.
No cumplieron su finalidad
Con este nuevo desembolso se seguirán desangrando las arcas del Estado. Pues, se continuará utilizando dinero público para pagar por tierras que tienen casi nulo valor para la agricultura. El objetivo de la expropiación de las tierras de Antebi Cue era que sean destinadas a la reforma agraria. De acuerdo a datos publicados por este diario, gran parte de esas tierras terminaron en poder de políticos y grandes ganaderos, pero ni siquiera mínimamente cumplen en la actualidad los fines establecidos de dotar a labriegos de tierras para cultivar.