En conversación con este diario, el contralor Enrique García dijo que al final de esta semana tendrá un borrador del resultado de la autoría que se está practicando a todo el proceso de adjudicación. Cuando se le consultó si recibe presiones de parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) para “blanquear” el proceso, pese a las múltiples situaciones dudosas denunciadas, respondió que “el ministro tiene un personal interés en que se audite, por la inconstitucionalidad que promovió el año pasado”.
La inconstitucionalidad había sido iniciada por el ministro a fin de que las cuentas de su administración auditadas por la Contraloría adquieran del Tribunal de Cuentas carácter de “cosa juzgada”. Es decir, que no puedan volver a discutirse ante la justicia. Esto significa que el “blindaje” que obtuvo Jiménez Gaona de la Corte puede alcanzar al polémico proyecto de modernización del aeropuerto, donde se sospecha hay una serie de irregularidades.
Oferente mintió
El pliego de bases y condiciones y la ley que regula los procesos de contratación vía alianza público-privada (APP) establece que no podrán ser oferentes aquellos que tengan antecedentes de procesos judiciales.
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Sacyr tiene estos antecedentes por procesos judiciales que afectan sus contratos en Panamá, España y Colombia. Los litigios, que según el pliego deben dejarle fuera de competencia, fueron negados por la compañía en su declaración jurada de integridad, a cuya copia tuvimos acceso y publicamos el fin de semana.
Sobre este tema, el contralor dijo que “está siguiendo de cerca las publicaciones” y que el dictamen debería versar sobre esta y otras denuncias. El mismo está siendo elaborado por los auditores Viviana Espínola, Christian Barba, Ilse González y Paul Ojeda.
Al confirmarse que Sacyr, oferente del aeropuerto, faltó a la verdad en su oferta al negar sus trámites judiciales por contratos en otros países, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de su titular, Ramón Jiménez Gaona, está obligado a ejecutar la póliza de mantenimiento de oferta de unos 6 millones de dólares, que pertenece a Royal Seguros SA, de Juan C. López Moreira, jefe del gabinete de Cartes, según una fuente jurídica especializada en delitos económicos a la que consultamos.
“De lo contrario, se expone a ser procesado por la comisión del delito de lesión de confianza por conducta omisiva”, explicó el especialista, que pidió no ser citado.
Elementos sospechosos
El anterior plan de modernización que tuvo el asesoramiento de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) preveía una inversión de solo 30 millones de dólares. Ahora aseguran que se deben invertir 149 millones de dólares.
Técnicos de la OACI denunciaron que para asegurar la APP del aeropuerto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) manipuló el estudio de factibilidad.
Un informe de auditoría contable llevado a cabo por la firma Econocas al consorcio Sacyr-Agunsa, el único que sigue en carrera en la APP del aeropuerto, muestra el alto riesgo de que no pueda cumplir sus obligaciones, por incapacidad de pago.