Desde que trascendió extraoficialmente que el informe de auditoría de la Contraloría sobre la licitación del aeropuerto resultó desfavorable a las pretensiones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y recomienda la no adjudicación, el contralor Enrique García no ha oficializado su contenido ni responde las llamadas. Además, se esconde para no dar explicaciones a la opinión pública.
Un equipo de ABC estuvo ayer en su oficina, pero se negó a recibirlo en cuanto supo que el motivo de la visita era conversar sobre el proceso de licitación de modernización del aeropuerto, vía Alianza Público-Privada (APP).
Recordemos que el ministro Ramón Jiménez Gaona había condicionado la adjudicación o no del aeropuerto a la cuestionada firma Sacyr, de lo que se desprenda del informe que hoy retiene García. De eso ya pasaron tres meses. Esta empresa tiene numerosas denuncias en varios países, lo cual según la ley de APP y el mismo pliego de la licitación del aeropuerto, la descalifican directamente.
Ayer, en el marco de la asamblea del BID realizada en Asunción, el ministro se ratificó en que aguarda dicho dictamen. “Asumí el compromiso público de esperar el informe de la Contraloría. Considero que eso es prudente, que se entienda que el proceso es serio, transparente, y las 40 personas que trabajaron en este proyecto lo hicieron con absoluta transparencia. Queremos estar 100% seguros de todos los aspectos. Hemos hecho las consultas económicas que todavía están siendo evaluadas, pero el informe de la Contraloría es fundamental para cerrar el proceso de APP del aeropuerto. Entendemos que las recomendaciones de la Contraloría son obligatorias”, subrayó.
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En cuanto a los procesos de APP en general, Jiménez Gaona afirmó que el problema que tenemos es solamente “de expectativas”, haciendo alusión a los cuestionamientos a las dos licitaciones que se han hecho hasta ahora por esta vía. “Los países donde las APP funcionan –Brasil, Chile, Corea– los primeros proyectos de APP tomaron 4 años para su primer proyecto. En Corea, por ejemplo, después de 20 años de su primer proyecto. Nosotros con dos años y medio, sacamos nuestro primer proyecto APP, esto es algo muy importante. Se ha preparado todo para que el próximo gobierno lo saque adelante”, agregó.
Ya tiene otro contrato
A Sacyr, Jiménez Gaona ya le dio el contrato de ensanche de las rutas 2 y 7, aún cuando su situación jurídica seguía siendo analizada por la Contraloría. Es decir, firmaron el contrato a tambor batiente antes de que se divulgara el informe.
Justamente, la intervención del ente contralor en la licitación del aeropuerto se dio por una denuncia de legisladores respecto a la inhabilidad de Sacyr para ser oferente en cualquier proceso de APP en el país, por sus múltiples antecedentes de incumplimiento en todo el mundo.
Según documentos de la licitación del aeropuerto que obran en poder del MOPC, que fueron revisados por la Contraloría y a los cuales tuvimos acceso y publicamos en su momento, Sacyr mintió en su declaración jurada de integridad, negando sus procesos judiciales.
Lo que prohíbe el pliego
Además de disponer la prohibición de participar a cualquier empresa con trámites judiciales, el pliego de bases y condiciones de la licitación para modernizar el aeropuerto establece que, al comprobarse que una oferente faltó a la verdad, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá proceder a la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta, que en este caso es de US$ 6 millones.
La póliza, que Jiménez Gaona se niega aún a ejecutar, es nada menos que de Royal Seguros SA, la aseguradora vinculada Juan Carlos López Moreira, jefe de Gabinete del Presidente de la República, Horacio Cartes.
