La intervención de la Contraloría General de la República (CGR) se basa en la denuncia realizada el año pasado por el Sindicato de la INC de la Administración Central (Sincac) ante el organismo contralor.
Según la nota enviada al presidente de la cementera, Jorge Méndez, la INC tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar un informe respecto a los procedimientos de contratación en el marco de la utilización de los fondos. De acuerdo con los datos oficiales de la estatal, los millones de dólares recibidos fueron utilizados principalmente para el cambio en el sistema de combustión del horno de clínker, que anteriormente utilizaba fueloil para su funcionamiento y hoy puede operar con combustibles sólidos, como coque, carbón vegetal o mineral. También se realizaron inversiones varias en las plantas de Vallemí (Concepción) y Villeta (Central), conforme a un detalle de información que había entregado Méndez a este diario el año pasado (ver cuadro).
En vista de que el proyecto original de cambio de combustible había sido lanzado hace más de siete años y fue modificado en la administración actual de INC, la Contraloría solicita un informe sobre los puntos que fueron cambiados, la autorización del Ministerio de Hacienda para hacerlo, además del programa de contrataciones que fue adoptado finalmente.
El secretario general del Sincac, Jorge Bóveda, afirmó ayer que de acuerdo con la documentación que examinó el sindicato, aparentemente hubo una malversación de los fondos recibidos por la actual administración de la cementera.
Eso, considerando que el convenio inicial firmado con Hacienda establecía las condiciones de los proyectos y el uso específico que debía darse al dinero recibido, pero este fue “utilizado en otro destino”, específicamente, en “inversiones improductivas”. “No tienen estudios técnicos, financieros ni comerciales para la operación que hicieron”, agregó.
Nuestro diario consultó al presidente de INC sobre la intervención de la CGR, pero se limitó a responder que verificarán el pedido y responderán en el plazo legal.