La adjudicación en la licitación de la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi debía definirse en estos días, pero ahora la Contraloría recomienda suspender todo el proceso de contratación hasta que finalice la verificación por parte de dos auditores designados que deben emitir un dictamen.
En la nota que envió en estos días al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, el contralor José Enrique García le solicita un espacio físico dentro de la institución y toda la documentación relacionada a la licitación por la cual se pretende adjudicar a un consorcio la explotación de la principal terminal aérea del país, por 30 años, con base en la Ley de Alianza Público-Privada (APP).
Al respecto, el ministro Jiménez Gaona, ante la consulta de ABC, respondió ayer que “no se suspende el proceso de licitación de APP del aeropuerto, que el trabajo de evaluación continúa y que Contraloría será atendida con toda la documentación disponible”.
La intervención de Contraloría se da tras una denuncia hecha por la Comisión Permanente del Congreso sobre supuestas irregularidades en el proceso.
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La directora de Proyectos Estratégicos del MOPC y miembro del comité de evaluación, Claudia Centurión, se pronunció también en la misma línea que el ministro y agregó que esperan celeridad de parte de la Contraloría.
Dos son los consorcios que supuestamente siguen en carrera, aunque por el criterio económico financiero de evaluación existe un virtual ganador: Sacyr-Agunsa, que ofrece un canon consistente en el pago al Estado del 32,06% de los ingresos brutos mensuales de la terminal aérea, frente a apenas el 1,02% que ofreció su competidor Vinci-TOCSA.
Hay muchos aspectos que hacen dudar de la conveniencia del negocio de entregar una terminal, que hoy es rentable y mantiene a otros 10 aeropuertos. El principal cuestionamiento es justamente el canon, pues según especialistas, es imposible que con solo el 32,06% de los ingresos brutos que va a recibir el Estado, se pueda seguir manteniendo esos 10 aeropuertos.
Aunque el Estado conserva en la APP la facultad de fijar las tarifas que pagará el usuario de la terminal aérea, resulta difícil creer que se lograrán los objetivos sin aumentarlas.
En ese sentido, se debe recordar que la tasa que hoy se cobra en nuestro aeropuerto, de 41,5 dólares, está entre las más altas de la región. En Uruguay está en 29 dólares y en Brasil la más alta es de 36 dólares. Si la tasa sube desmesuradamente se corre el riesgo de que se pierda conectividad.
Otra cuestión es que las inversiones se harán en etapas y la única inversión obligada es la primera y principal (de 110 millones de dólares, aproximadamente).
La ejecución de obras en las siguientes etapas depende del aumento de la demanda.
En ese sentido, a la posibilidad de que no se alcance la cantidad de pasajeros estimada para dentro de 10, 15, 20 y 30 años, se le otorga la calidad de “riesgo para el contratista” y no riesgo asumido por el Estado.
De las declaraciones de la citada directora de la DIPE y miembro del comité de evaluación se desprende que el Estado confía en que el operador privado tenga el mayor interés en aumentar progresivamente la cantidad de pasajeros, motivado en este caso por el lucro.
La pista va a ser “mejorada”
Cuando le consultamos a la ingeniera Centurión exactamente qué tipo de trabajos se realizarán sobre la pista de aterrizaje, considerando que no está previsto construir una nueva, dijo que está previsto un fresado y un recapado que tienen condiciones especiales tratándose de una pista de aterrizaje.
Acerca del ancho y largo que tendrá esa pista, y ante nuestra consulta, señaló que “todos esos datos están en el estudio de factibilidad”.
Al respecto, en su momento, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Luis Aguirre, había dicho que solo en el “mejoramiento” de la pista iban a gastarse unos 30 millones de dólares, aproximadamente.
Centurión alegó que por la confidencialidad del proceso no pueden detallar qué monto ofertaron por este ítem, tanto Sacyr-Agunsa como Vinci-TOCSA.
Dicen que no hay contrato
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones emitió ayer un comunicado en el que niega el ocultamiento del contrato de esta APP a la ciudadanía. Alegan que tal contrato aún no existe y que las condiciones generales están contenidas en las bases administrativas del pliego de bases y condiciones, lo que puede considerarse una proforma.
“El pliego de bases y condiciones conforma básicamente el contrato como tal. Ahí están enteramente establecidas las condiciones generales que rigen el contrato, como las garantías que se tienen que entregar, las penalizaciones establecidas mientras dure el contrato, los niveles de servicio que se deben alcanzar”, afirmó Claudia Centurión.